Mientras el foco de la información que circula en algunos medios y son replicados en las redes sociales es el aumento tarifario aplicado y a aplicarse por la distribuidora local, está latente la posibilidad de que la empresa de energía estatal sea parcial o totalmente privatizada.
DPEC EN ESTADO CRÍTICO
La empresa de servicio de “distribución” de energía eléctrica de Corrientes, enfrenta una situación casi terminal, por efecto de su ineficiencia, precariedad y deudas. A pesar que desde el Ejecutivo provincial se implementan mecanismos de asistencia financiera y excepciones a las normas, la entidad “autárquica” adolece de capacidad técnica, gerencial y económica para abortar la opción de ser “concesionada” de manera fraccionada o total.
Se evalúa, bajo total hermetismo, las circunstancias y el mecanismo que permitan ceder a operadores privados, el rol de “distribuidores” del servicio energético en el ámbito provincial. Los motivos que impulsan el análisis para implementar ésta solución, están relacionados directamente con aspectos operativos y de gerenciamiento de la entidad.
NÚMEROS Y RAZONES
La situación económica de la institución estatal es crítica. La deuda que mantiene con aproximadamente 350 mil usuarios del servicio que, de acuerdo a lo determinado por la justicia tanto en el ámbito provincial cómo federal, en algún momento deberá hacerse efectiva y devolverse a los usuarios alcanza -sin intereses- a un monto global aproximado a $ 600 millones –ver nota-.
Otra cuestión es que, la distribuidora local, obtuvo un perdón por la deuda con CAMMESA -Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico-. La condonación de la deuda por provisión de energía se viabilizó mediante la asistencia del gobierno nacional que auxilió a varias distribuidoras nacionales, provinciales y municipales. Por esa iniciativa se compensará a distribuidoras provinciales, por el congelamiento de tarifas a que se comprometieron en 2014 y 2015, con la cancelación de deuda por la compra de energía. En el caso puntual de la DPEC –Dirección Provincial de Energía de Corrientes- el “perdón” asciende a 1393 millones de pesos. Sin embargo, no está plena y documentadamente demostrado que la “distribuidora” no haya transferido parcial o totalmente a las facturas de los usuarios aumentos tarifarios en esos dos años. Se abre el interrogante de cuál fue el destino de los 1393 millones que no se pagaron a CAMMESA, pero sí se cobraron a los usuarios en el periodo.
GESTIÓN ESTRATÉGICA EQUIVOCADA
Desde diferentes sectores señalan que la toma de decisiones estratégicas no ha sido productiva ni beneficiosa. Manifiestan que la DPEC -y por extensión el gobierno provincial- ha demostrado un pésimo “manejo de la información” o un inadmisible desconocimiento del mercado y sus “jugadores”, llegando a protagonizar conflictos con empresas que tiene un rol y un peso estratégico de temer. Las críticas tiene fundamento y por señal, los que saben marcan errores recordando por ejemplo cuando el gobierno correntino enfrentó en sede judicial a Líneas de Transmisión del Litoral S.A. – LITSA, empresa en la que uno de sus mayores accionistas es SIDECO AMERICANA S.A. empresa insignia de la familia Macri. Si bien el incidente data de 1999, la Corte Suprema sentenció a favor de la actuante LITSA, declarando inconstitucional varios artículos de leyes provinciales que “afectaban” la ejecución del tendido de la línea de transporte eléctrico de extra Alta Tensión.
Otros, apuntan en voz baja, que “es inentendible porqué la DPEC y el gobierno se empecinan en confrontar a TRANSENER. Parece que desconocen el tamaño y la potencia del enemigo”. Obvia referencia a las críticas del ministro Enrique Vaz Torres que en reiteradas oportunidades exigió a las autoridades nacionales que le quitarán la concesión a la transportadora que provee a la DPEC. La empresa es controlada en un 50% por Pampa Energía, cuyo dueño es Marcelo Mindlin, muy cercano al Presidente Macri, acotaron.
Abusar de amañados mecanismos de gestión, como ser la imposición de cuadros tarifarios que, a pesar de ser cuestionados judicialmente, la entidad estatal no cumplió lo ordenado por la Justicia. Además, el Estado correntino no ha efectivizado la implementación del EPRE – Ente Provincial Regulador Eléctrico- creado por Ley en 2012 y que hasta el momento no ha sido constituido.
DEUDAS Y NO COBRO
El gobernador Gustavo Valdés se vio obligado a la asignación por Decreto de una suma mensual fija, por el plazo de dos años, para la integración de un “fondo especial” destinado a cubrir los gastos que ocasionan la provisión de energía a los denominados “enganchados”; usuarios éstos que habitan zonas de alta concentración de viviendas de muy bajos recursos, tales como asentamientos informales o las denominadas “villas”.
El denominado Fondo de Asistencia al Consumo de Energía Eléctrica (FACEE) representará una erogación mínima de $ 15.600.708 mensuales. El monto servirá para cubrir el “vacío de recaudación” que representan los sectores contemplados en la tarifa T18s. Sin embargo, las explicaciones brindadas por la Subgerencia Comercial de la DPEC, manifiestan que “desde el año 2001 la gestión comercial de la DPEC se ha centrado fuertemente, entre otros aspectos, en la disminución de las denominadas Pérdidas No Técnicas de energía (PNT), pero las acciones técnico-comerciales desarrolladas han resultado particularmente dificultosas y de resultados exiguos en determinados segmentos socio económicos y geográficos de los usuarios de las redes de la DPEC, especialmente en los consumidores encuadrados en la tarifa T18s. A confesión de parte, relevo de pruebas.
Por si algo faltaba, se deja expresamente establecido que parte de esos fondos serán para regularizar deudas con: IPS, Mutuales y/u Obras Sociales del personal de la empresa energética. Novedad o, una realidad oculta, una autarquía provincial evade su obligación de realizar los aportes previsionales y los correspondientes a obras sociales, que mensualmente se le descuentan a los empleados del organismo.
DE LA CALIDAD DEL SERVICIO NI HABLAR
No es un secreto que el servicio sufre, casi permanentemente, inconvenientes que por costumbre la DPEC adjudica responsabilidad a terceros. Hay atenuantes sin duda, pero para una empresa de servicios, lo que cuenta es la eficiencia. No hay excusas. Además, al ser una empresa estatal, vale remarcar que la transparencia en su “gerenciamiento” debe ser una característica de destaque. Lo que no ocurre, hace varios años.
UNA MUESTRA DE LA INEFICIENCIA DE LA DPEC ES VER A PLENA SOL VARIAS LUMINARIAS CONSUMIENDO ENERGÍA, QUE OBVIAMENTE. PAGAN LOS USUARIOS.
ALERTA ROJA: PASIBLE DE SER PRIVATIZADA
Más allá de la información obtenida en fuentes confiables, sobre la posibilidad cierta de que la DPEC sea parcial o totalmente privatizada, hay hechos que refuerzan ésta cuestión. Si se observan las últimas decisiones a nivel nacional, es evidente que la intención de la gestión Macri es ceder la explotación, administración y desarrollo de los recursos energéticos en manos privadas. Sea total o parcialmente el equipo de Energía de la Nación, está convencido que la generación, transporte y distribución, necesitan de “actores profesionales” en el rubro. Desde esa óptica, es tal vez una visión estratégica, asegurar que la “energía” tan imprescindible para todos los rubros de producción, no estén en manos de políticos cuyas acciones en la administración de éstos servicios no son eficientes ni rentables.
SINTESÍS
La DPEC tiene deudas. El monto y los acreedores, deberían ser informados.
La DPEC es ineficiente. No se puede defender la ineficacia que la realidad se encarga de ponerte en la cara todos los días, en todos los niveles y en todas las circunstancias.
La DPEC está mal administrada. Es innegable, porque si no fuera así, algún funcionario debe explicar claramente porqué se le debía $ 1393 millones a CAMMESA, y porque luego de 16 años no consiguen por lo menos salvar el costo de la energía que se consume en los sectores más “desprotegidos”. Además, cómo y porqué pueden justificar que no se realicen los aportes previsionales y de obra social.
La DPEC es un “coto” político. En ese ámbito hay hijos y entenados; negociaciones y negociados; a cada día más gastos y menor eficiencia.
Es una utopía pensar que la DPEC puede ser parcial o totalmente privatizada?
A quien debemos dirigirnos para avisar las luminarias prendida durante todo el día? Eso pagamos todos los usuarios.la DEPEC siempre fue el botín de guerra de los políticos
Las luces prendidas son responsabilidad de la Municipalidad de Corrientes la cual debe mantener las líneas de AP como así también los tableros los cuales deben tener medidores de energía a fin de saber cuál es el gasto exacto de energía.
Gracias por su aporte. De todas maneras, la causa y efecto son lo mismo, ente estatal o municipio incapaces de realizar su trabajo con eficiencia; y por esa razón, los usuarios “cumplidores” son los que deben soportar la “carga” de un organismo -o varios- ineficientes.