CONVENIO ESCONDIDO

El “convenio escondido”, no es otro documento que el Anexo no publicado que acompañó al Decreto 3611/16, firmado por Ricardo Colombi y que provocara una “guerra verbal” entre legisladores de la oposición y altos funcionarios del gabinete del ex gobernador.

En el mes de julio del año pasado, desde el poder político se instaló la “caza al convenio”, tal la curiosidad o legítimo interés de legisladores y dirigentes que intentaron de varias maneras acceder al contenido del “Anexo” que el ejecutivo provincial guardó bajo siete llaves.

La ciudadanía presenció atónita, un capítulo más de la novela “Pomberos que esconden contra Pomberos que buscan”. Vía medios de difusión, las acusaciones no pasaban de meras bravuconadas, propias de quienes no hacen mucho por demostrar madurez y seriedad. Hasta el Ministro Vaz Torres se dio el gusto de llamar “burros” a referentes de la oposición; pero, no les mostró el convenio. Tampoco tuvo éxito el legislativo correntino que mediante Resolución solicitó al Ejecutivo provincial que le remita una copia del “convenio” inserto en el Anexo desaparecido.

NACIÓN Y PROVINCIA

La “armonización” en materia previsional, recuperó protagonismo en la gestión Macri. Pero tuvo su inicio en el año 1999 fruto de un acuerdo entre la Nación y las Provincias. Llegó el turno de CAMBIEMOS en el 2016, y en base al acuerdo original, se diseñó un marco de acuerdo que permita llevar adelante una reforma previsional que incluya a las Provincias que no transfirieron sus “cajas previsionales” a la Nación.

Desde el inicio de ésta ingeniería de acuerdo programático, que incluye beneficios y renunciamientos a todos los involucrados, la cuestión “fondos para cubrir déficit” se convirtió en la razón del todo; pero, se imponían condiciones a cumplir, sin excepciones. Obviamente, de las trece provincias que están en negociaciones, ninguna ha conseguido sortear todos los requisitos que le permita llegar a un ACUERDO definitivo, para que Nación firme al pié y le otorgue los fondos que ayudarán a paliar las deficitarias administraciones previsionales.

EL CONVENIO (Ver adjunto)

No es un documento secreto. Es sí, por su contenido, una herramienta jurídica administrativa que genera problemáticos compromisos. Consta de ocho clausulas y dos anexos. El Anexo 1 lleva como título “CONCEPTO DE DÉFICIT PREVlSIONAL – METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL DÉFICIT PREVlSlONAL A FINANCIAR POR EL ESTADO NACIONAL”. El Anexo 2 se titula “CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA”.

¿Qué exije la Nación? Fundamentalmente, que Corrientes adecue su normativa en materia de jubilaciones, retiros y pensiones para todos los regímenes a fin de asimilarlos a las pautas vigentes en los regímenes análogos de la jurisdicción nacional. Continuar (¿?) con el proceso de eliminación de sumas “no remunerativas” en las políticas salariales para el personal de la administración pública provincial. Que la provincia modifique su sistema de registro y exposición contable del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Desde la vigencia del convenio, toda norma dictada por la provincia que impacte en la configuración del déficit de su sistema previsional, la Nación no reconocerá el excedente, debiendo hacerse cargo el Estado provincial.

¿Qué ofrece la Nación? Asume el compromiso de contribuir al financiamiento de los regímenes previsionales vigentes en la provincia, en el marco de lo establecido en la Cláusula Décimo Segunda del Compromiso Federal de fecha 6 de diciembre de  1999, para el año 2016 exclusivamente. Transferirá un monto a la provincia a cuenta del monto total del déficit -a reconocer-.

EL IPS UN LABERINTO

Más allá de la cuestión del “convenio escondido”, es inevitable señalar que el Instituto de Previsión Social de Corrientes, arrastra un saldo negativo inimaginable a consecuencia de una seguidilla de administraciones que no han sido muy proclives a la “buena gestión de los recursos”. Por caso, incontables oportunidades tuvo que afrontar pagos a beneficiarios de “cajas especiales” cuyos fondos no era remitidos al Instituto. Tampoco hay que olvidar que desde varios ámbitos jurisdiccionales se acumulan las deudas por la NO remisión de los “aportes” correspondientes al IPS; municipios, entes autárquicos y fuerza de seguridad, no cumplen en tiempo y forma. El “agujero negro” es gigantesco.

RESPUESTAS DE MARCOS PEÑA

Durante su habitual informe al Congreso, el Lic. Marcos Peña no estuvo exento de responder a preguntas de la Senadora Almirón (Corrientes) sobre éste bendito “convenio/anexo”. Tres preguntas al respecto, le realizó la legisladora correntina, durante la exposición de su Informe 104 en septiembre del 2017 en la Cámara de Senadores de la Nación. (Ver adjunto)

CAMINANDO POR LA CORNISA

A pesar que la intervención del IPS, el gobernador Valdés y algunos funcionarios más incluido indefectiblemente Ricardo Colombi, han negado que la “caja previsional” correntina no pasará a la Nación, es coherente señalar con los documentos a la vista que la Nación no pidió que transfirieran el IPS a su jurisdicción. Lo esgrimido por los funcionarios correntinos es apenas una frase engañosa. La realidad es que, el IPS (cómo otra docena de institutos provinciales) tiene un déficit crónico, fruto de desequilibrios legales, financieros y administrativos que no se pueden corregir “amagando sensibilidad”. El problema es una conjunción de falencias e irregularidades, que el gobierno correntino no puede o no quiere subsanar. Muchas veces, la demagogia se nutre de situaciones como la que atraviesa el IPS, y de boca de los demagogos sólo surgen palabras de autonomía y autosuficiencia que no dan soluciones. Por el contrario, profundizan la incertidumbre con respecto al futuro de los que hoy son activos y también irresponsablemente provocan angustia en aquellos que intentan sobrevivir con magras jubilaciones.

La cornisa está cada vez más estrecha. Hasta el 1 de junio próximo, el IPS y la gestión Valdés, deben cumplimentar las condiciones insertas en el convenio. Sino lo hicieren, es inevitable que la Nación deje de asistir a Corrientes, para poder cubrir su déficit previsional.

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