El año legislativo correntino comenzó formalmente la semana pasada. Mucha pompa y letra muerta, peor es nada. Braillard Poccard y Cassani, ambos jefes de las Cámaras, harán la plancha ajustándose al calendario electoral. Además, estarán más ocupados en “cerrar acuerdos” y “cuidar su chacra” que en hacer cumplir el rol del legislativo: legislar y controlar.
El año legislativo comenzó. Desde el 1 de marzo hasta el jueves 21 de marzo se concretaron 3 sesiones ordinarias: dos en diputados y una en senadores. En ambas Cámaras se percibe la influencia del “año electoral” por sobre las responsabilidades que corresponden a ambos cuerpos legislativos.
Diputados: Sesión 1 – Sesión 2 / Senadores: Sesión 1
En veinte días los legisladores dieron tratamiento a tres (3) órdenes del día. El temario es fiel reflejo de la indiferenci ade diputados y senadores frente a temas de trascendencia significativa y, como es costumbre, su predilección por proyectos de ocasión que justifiquen su nivel de producción legislativa, aunque no se trate de iniciativas de Ley y sí de Resoluciones o Comunicaciones varias.
Es comprensible ante la incidencia del calendario electoral que los tendrá más preocupados por los “acuerdos electorales“, las “candidaturas” y la “campaña proselitista“. Lo demás, puede esperar.
FORMALISMOS Y “PAPEL PICADO”
En diputados, entre las notas ingresadas como comunicaciones oficiales, tres provenían del senado donde se comunica la aprobación del mismo número de Leyes. Como destacado, vale mencionar la Ley N° 6710, autoría del diputado Edgar Benítez (Unión Popular), referente a la “Fiesta del campo y el trabajador rural” que por iniciativa del legislador recibió la denominación de “Fiesta Provincial”.
Sin ánimo de cuestionar la naturaleza e implicancias del proyecto, mucho menos la iniciativa del diputado Edgar Benítez, sorprende la celeridad del tratamiento y aprobación del proyecto que en menos de 40 días se convirtió en Ley.
Es ineludible la comparación entre el tipo de propuesta que concluyó con su conversión en Ley con otros temas de mayor y urgente relevancia como lo es por ejemplo una nueva ley previsional para los correntinos. Cuestión que mereció hasta la manifestación expresa del Superior Tribunal de Justicia y que impulso la inciativa del diputado Romero Brisco (Partido Autonomista) en abril de 2024.
Por lo visto los legisladores tienen una especial inclinación por temas relacionados a la cultura, la tradición y hasta podría incluírse correlativamente, el turismo. Sin embargo, la sociedad observa con preocupación la sucesión de iniciativas que pueden convertirse en Ley sin que representen una prioridad o tamaña trascendencia como para convertirse en parte del cuerpo legal provincial.
Ejemplos abundan: “Declara Monumento Histórico e integrante del Patrimonio Cultural al edificio de la “Casa Manos Correntinas” en la ciudad de Mercedes. Dip. Vidal Domínguez“; “Declara Monumento Histórico e integrante del Patrimonio Cultural al edificio de la Iglesia “San Luis Rey de Francia” de San Luis del Palmar. Bloque Encuentro Liberal“; o, “Declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Provincia de Corrientes a
las pistas bailables chamameceras. Dips. Báez y Pereyra“. Todos estos proyectos de Ley ingresaron en el temario de la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
LA “ROSCA” SIEMPRE PRESENTE
En un año signado por la cuestión electoral y con los intereses políticos a flor de piel, diputados y senadores, deberán hacer un esfuerzo extra por cumplir con el mandato de sus electores: legislar.
Aún conscientes de sus responsabilidades y obligaciones, es significativo el dato de que la mitad de los diputados vencen su mandato y un tercio de los senadores que transitan por el senado tienen fecha de vencimiento.
Algunos, por no decir todos, intentarán su reelección o quizás aspiren a otro cargo electivo. Podría decirse, con todo derecho. Pero, también tienen derechos los ciudadanos que les dieron el respaldo para que los representen integrando un poder de la república.
El escenario es propicio para una clásica anemia en materia legislativa. Una fragilidad institucional que afecta al cuerpo legislativo en año de elecciones. La esperanza, lo último que se pierde, es que esa situación cambie.
EL PRECIO DEL DEBER
Entre las excusas no admisibles, la falta de presupuesto, no es un ítem que afecte el funcionamiento del Poder Legislativo. Por señal, la previsión presupuestaria para el 2025 duplica lo utilizado en el 2024.
Para el año 2024 el Presupuesto del poder Legislativo fue de $ 25.077.550.261 (PESOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO). En éste año la previsión presupuestaria aprobada asciende a $ 51.569.216.058 (PESOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL CINCUENTA Y OCHO).
Si bien la trascendencia de la confección de normas y el ejercicio de control actividades propias del legislativo no deben ser valoradas cuantitativamente ni financieramente, no es menor el cúmulo de interrogantes que surgen en referencia a los recursos asignados y cuál es el destino final de los mismos.
La simplificación en estos casos suele ser injusta, odiosa y hasta incomprobable, pero no está exenta de pragmatismo cuando algún ciudadano radicaliza sus cálculos y concluye: cada legislador nos cuesta $ 1.145.982.579,06 (PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS).
A razón de $ 95.498.546,25 por legislador a cada mes del año en curso. Sería digno de aplaudir un gesto de transparencia por parte del presidente de la Cámara de diputados, Pedro Cassani y del vicegobernador Pedro Braillard Poccard, un informe detallado de los gastos corrientes de ambas cámaras.
Una utopía irrealizable es pretender que se sepa cuánto percibe cada legislador; cuántos empleados tiene el Poder Legislativo; que tipo de gastos extras tienen asignados los legisladores; etcétera.
De cualquier forma, la vida democrática y la calidad institucional, tienen entre sus valores declamativos la transparencia en el uso de los fondos públicos. Es de suponer que ambos administradores de las cámaras legislativas, no solo lo tienen presente, sino que en algún momento tendrán la gentileza de informar al ciudadano al respecto de la administración financiera de los recursos públicos destinados a solventar el funcionamiento del Poder Legislativo.
No por una cuestión de chusmerío u oportunismo político. Sí, porque lo que se gasta en función de lo que se hace es lisa y llanamente, el precio del deber.
