AUDIENCIA PÚBLICA: EL AUMENTO DEL BOLETO EN CORRIENTES
La audiencia pública por el aumento del boleto en Corrientes capital dejó al descubierto la desconexión entre las necesidades de los usuarios y las prioridades del bloque empresario-municipal. En un clima de descreimiento, se evidenció que la decisión política ya está tomada, y que la participación ciudadana es apenas un trámite.
La audiencia pública celebrada ayer en el Concejo Deliberante de Corrientes no fue más que una puesta en escena para legitimar una decisión ya tomada: el aumento del boleto de colectivos a 2.370 pesos. Lo que se presentó como un espacio de participación ciudadana terminó siendo una formalidad vacía, donde las voces de los usuarios fueron escuchadas pero no atendidas, y donde la connivencia entre autoridades municipales y el empresariado monopólico volvió a quedar al desnudo.
Un sistema colapsado y una ciudadanía descreída
La jornada expuso con crudeza el desgaste del sistema de transporte urbano. Colectivos rotos, demoras, maltrato, paradas sin condiciones mínimas y una falta total de sensibilidad hacia las personas con discapacidad fueron denunciados por los expositores. La docente Verónica Núñez y Gerardo Sotelo lo dijeron sin rodeos: el sistema es excluyente, caro y deficiente. No hay inclusión, no hay accesibilidad, no hay respeto.
Mientras tanto, la representante de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano defendió el aumento desde una lógica puramente contable, sin una sola mención al servicio que prestan ni a los derechos de los usuarios. La rentabilidad empresarial fue el único eje de su discurso, en contraste absoluto con el drama cotidiano que viven miles de correntinos.
Datos que desnudan el fracaso
El defensor de los vecinos, Agustín Payes, presentó cifras demoledoras: de 60.000 pasajeros diarios antes de la pandemia, hoy apenas 8.400 usan el servicio. Cada aumento del boleto provoca una caída del 2% en la cantidad de usuarios. Las empresas recaudan más por las gratuidades que por los boletos pagos. ¿Y la respuesta del Municipio? Planillas de Excel, subsidios encubiertos y cero estrategia para recuperar la confianza ciudadana.
Estudios opacos y decisiones arbitrarias
Miguel Ángel Gómez lo dijo con claridad: los estudios de costos son opacos, incompletos y arbitrarios. No hay fórmula transparente ni datos verificables. Los concejales, lejos de ejercer un rol de control, parecen dispuestos a convalidar sin cuestionar. La audiencia pública, lejos de ser un espacio de deliberación, se convirtió en una coartada institucional para justificar lo injustificable.
Una alianza que excluye
Lo que se evidencia es un antagonismo profundo entre los usuarios —que padecen el servicio— y el bloque conformado por empresarios, autoridades municipales y concejales oficialistas. Esta alianza, denunciada reiteradamente por medios como Política en Corrientes, premia la precarización, perdona incumplimientos y favorece la monopolización del transporte. La ciudadanía, por su parte, se organiza, junta firmas, recurre a la Justicia y exige que se escuche su voz.
Conclusión: ¿Quién decide y para quién?
La audiencia pública dejó una certeza: la decisión política de aumentar el boleto ya está tomada. La participación ciudadana se reduce a un trámite legal, sin impacto real. En este escenario, la pregunta que queda flotando es brutalmente simple: ¿quién decide en Corrientes y para quién gobierna?
