El gobierno nacional dispondría la Intervención Federal al Poder Judicial de la provincia de Corrientes. La medida sería adoptada por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Legisladores nacionales de diferentes bloques ultiman detalles en la redacción de un proyecto de Ley que respalda la medida
Por el caso LOAN el Ejecutivo Nacional dispondría la Intervención Federal del Poder Judicial de la provincia de Corrientes.
La medida tendría como objeto, garantizar el derecho fundamental del acceso a la administración de justicia, en el marco de lo establecido por las normas vigentes y la Constitución Nacional.
El Decreto de intervención está redactado y tiene dictamen favorable de las áreas que deben expedirse sobre la legalidad y aplicabilidad del instrumento.
En el marco de estrictas medidas de confidencialidad, la iniciativa fue motivo de interconsultas en los más altos niveles de los poderes judicial y legislativo.
CASO LOAN
La actuación de la Justicia Ordinaria de Corrientes es cuestionada por la impericia y dilación demostrada desde los primeros pasos de la investigación que motivó la desaparición del menor de 5 años.
Además, se cuestiona el accionar de funcionarios judiciales de la provincia que, estando la causa bajo trámite de investigación en el fuero federal, participaron en un procedimiento inusual de traslado y toma de denuncia en horas y días inhábiles de una ciudadana involucrada en la causa.
Hecho que, en el devenir de la investigación, es considerado un ardid planificado y ejecutado por personas con un sospechoso status de poder que facilitó el acceso a un fiscal para recibir una denuncia que luego la misma autora desmintió.
Otras consideraciones se exponen argumentalmente para señalar la crítica situación de la Justicia Ordinaria de Corrientes cuyo accionar -o inacción- es cuestionado por todos los sectores de la sociedad correntina.
TAMBIÉN EN EL CONGRESO
En ambas Cámaras del Congreso de la Nación, varios legisladores promueven la iniciativa y ajustan detalles de la redacción de un proyecto de Ley que respaldaría la decisión de intervención federal que decretaría el Poder Ejecutivo.
En los fundamentos, según lo manifestado por fuentes parlamentarias, se vuelca información profusa sobre irregularidades comprobadas en la administración de justicia de la provincia.
BAJO SIETE LLAVES
Las consecuencias políticas de esta decisión, a todos los efectos, interpretado como un último recurso es tramitado bajo el más absoluto hermetismo.
Sin fecha de aplicación, pero con la determinación de ser ejecutada, se considera que la medida está plenamente justificada y que se impone la tutela federal para garantizar derechos fundamentales e inalienables.
Que se apuren porque va in crescendo y puede derivar en un estallido social sin precedentes