Es un derecho cobrar sin trabajar. Ese privilegio alcanza a los empleados del Estado provincial que sean candidatos a cargos electivos. Rige de acuerdo a la Ley 4.067 en el marco de licencias especiales que fija la norma
Cobrar sin trabajar es un derecho para algunos empleados de la Administración Pública, instituido por la Ley provincial N° 4.067, para algunas situaciones especiales.
Son licencias con goce de haberes por un plazo determinado. Es decir, cumplidos ciertos requisitos, algunos servidores públicos podrán percibir sus sueldos sin la contraprestación de servicio para el que hayan sido designados.
COBRAR SIN TRABAJAR
Licencias hay de varios tipos y características. Pero, gozar de una licencia con goce de haberes por treinta días solo por ser candidato a un cargo electivo, es como mínimo injusto.
Sin considerar la cuestión ética, no parece -ni es- ejemplo digno a ser ratificado por una norma. Quien se postula para candidato -al cargo electivo que sea- lo hace desde una decisión personal y, con el posterior aval de un partido político.
Ser candidato es una potestad de cualquier ciudadano. Sin embargo, esa circunstancia personal, no debería ser motivo para dejar de cumplir con sus obligaciones. En pocas palabras, si recibe un salario como servidor público, sus aspiraciones políticas no son una justificación válida para cobrar sin trabajar.
El contribuyente que solventa con sus aportes los sueldos de los empleados de la administración pública, no debe estar muy conforme con “financiar” las aspiraciones políticas de aquellos que pretenden ser algo más que empleados.
DE CAMPAÑA CON TU PLATA
Esa es la realidad. La única. Quiere decir que los empleados públicos que militan en política tienen garantizado su salario durante treinta (30) días durante sus actividades de campaña, siendo candidato como titular o suplente, para desarrollar -se supone- actividades proselitistas.
¿Es admisible que una decisión personal respaldada por un partido político con resultado “eventual” sea justificación suficiente para que éste tipo de licencias sean con goce de haberes? No.
Ser candidato no es “carga pública“; tampoco es resultante de una imposición. Además, no son los partido políticos los que pagan los sueldos de los servidores o empleados públicos.
POLÍTICOS CON PRIVILEGIOS
No parece razonable que quien aduce tener méritos, acepte ampararse en un privilegio. Antes que cualquier discurso o promesa electoral, el “empleado” -suyo, nuestro o mío- debería pregonar con el ejemplo.
Primero, debería cumplir con su trabajo para percibir el sueldo. O, solicitar licencia -que ya sería una excepción- sin goce de haberes para dedicarse de lleno a la actividad proselitista.
Tendría que mostrar compromiso con sus dichos y propuestas, sugiriendo e impulsando derogar este “derecho elitista“. Es decir, ser candidato no garantiza que sea electo.
SOLO PARA ALGUNOS
No todos los candidatos son empleados públicos. Y no todos, siendo electos o no, retornan alguna vez a su “antiguo” cargo o función.
La norma de referencia abarca solo a los empleados de planta permanente de la Administración Central y Entes descentralizados.
Se supone que los empleados de los Poderes Legislativo o Judicial, e inclusive los del ámbito comunal, tienen o deberían tener una norma similar que contemple este tipo de licencias excepcionales y, para colmo con derecho a percibir sus haberes en tiempo de “campaña”.
La muletilla preferida de los políticos es “le entregamos nuestra vida a la actividad política“. Pena que esa actividad es rentada con nuestros impuestos sin que podamos exigir resultados como contrapartida.
Pero además, desde el ejercicio de la política “profesional” o de las funciones inherentes a un cargo electivo, son reacios a “transparentar” cuanto ganan; trabajan muy poco devaluando el sentido de la vocación; exacerban el nepotismo; favorecen la expansión de los ñoquis; se preocupan más por sus salarios y prebendas, que por la utilización racional y legal de los recursos públicos.
VAMOS PARA ADELANTE
¿Avanzamos? ¿O giramos subidos en una calesita? Al parecer, el segundo interrogante, se condice con la realidad que condena a los ciudadanos comunes. Nada va a cambiar mientras los que están y los que aspiran a llegar, siguen cimentando privilegios exclusivos. Todos injustificados.
Algunos políticos desconocen el sentido de obligación, responsabilidad, mérito y vocación de servicio. Desde que tuvieron edad legal son empleados o funcionarios o ñoquis. Es decir, siempre cobraron un sueldo del Estado. Sí, la caja mágica que todos los ciudadanos “alimentamos” con nuestros impuestos.
Varios esgrimen que han dejado su profesión, su negocio o su actividad, para dedicarse de lleno a la política. Pues bien, muchos de ellos se convirtieron en “millonarios” apenas cobrando un salario solventado con el erario público.
TAREA PENDIENTE
Hay varias actitudes de los políticos que deberían analizarse, cuestionarse y consecuentemente, erradicarse. No es la política el problema. Son los malos políticos.
Ética y valores son cuestiones pendientes para la casta política que supimos conseguir y mantener. No es tan sencillo separar paja de trigo. Una vez que llegan no quieren abandonar su posición de privilegio.
Se convierten en furiosos defensores del status quo. Construyen poder para garantizar permanencia y comodidad. Siendo consecuencia de la democracia, la denigran precarizando el debate y estrechando los ámbitos de participación interna.
Los partidos políticos han resumido sus instituciones a las impenetrables mesas chicas. Desde ese espacio, cada agrupación política decide quienes serán candidatos, imponiendo sus intereses para monopolizar la representatividad, no solo de los afiliados sino también de los electores en general.
El resultado es una clásica lista sábana que se integra con postulantes seleccionados a dedo o, viejos conocidos que van por su reelección.
Quizá sea hora de materializar el rechazo o la disconformidad a esa acción distorsiva, utilizando el voto en blanco.
Lo mas sano para el ejercicio de la política sería no permitir reelecciones; adoptar la boleta única; e imponer a los partidos políticos que seleccionen sus candidatos con mecanismos más acordes al sentido de la democracia.
