GOBIERNO SOSPECHADO: MATRIZ DE CORRUPCIÓN SE ESCONDE DETRÁS DE LA PAUTA OFICIAL

Más de 130 millones de pesos en dos resoluciones, 55 casos testigos, decenas de sociedades creadas para facturarle al Estado, y una red de vínculos familiares, políticos y empresariales que revela una presunta estructura de simulación contractual, evasión fiscal y enriquecimiento ilícito. ¿Quién controla el gasto público en Corrientes?

Ya pasaron 3 años desde que la doctora Silvia Adriana Casarrubia con el “coraje bien puesto” formuló una serie de denuncias penales ante la justicia local y en el fuero federal. Esa mega causa está en proceso. Sobreviviendo a la agonía que los procesos judiciales le imprimen a todo lo que se relaciona con el poder de turno. Vale la pena, refrescar la memoria…

LA PAUTA COMO HERRAMIENTA DE PODER

En Corrientes, la pauta oficial no parece ser una política de comunicación: es una herramienta de financiamiento político, de silenciamiento mediático y de distribución discrecional de fondos públicos. Las resoluciones N° 2863 y N° 3568, correspondientes a septiembre y diciembre de 2021, autorizan pagos por más de $135 millones a 1.148 beneficiarios. Pero detrás de esos números se esconde algo más grave: una presunta matriz de corrupción que involucra funcionarios, exintendentes, familiares, militantes y periodistas.

SOCIEDADES ESPEJO, DOMICILIOS COMPARTIDOS Y PRESTANOMBRES

La denuncia revela la creación masiva de Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.) bajo la Ley 27.349, muchas de ellas con un único cliente: el Gobierno de Corrientes. Empresas como VIVIRED, IBERÁ TV, SEÑALAR, GRUPO EVOC y TRIPLEH comparten domicilio en Pellegrini 1888 y Torres de Vera 1378, inmuebles propiedad de la familia Gane–Jagou. Los mismos titulares de esos inmuebles también figuran como beneficiarios individuales. ¿Prestadores reales o prestanombres?

PERSONAS FÍSICAS SIN ACTIVIDAD PUBLICITARIA

Entre los casos testigos figuran exintendentes como Carlos Pértile y Hugo Perrota, parejas de funcionarios como Ivana Vareniza y Cecilia Cerrudo, y ciudadanos como Gabriela Escobar (asistente social) y Gustavo Vallejos (docente). Todos se dieron de alta en AFIP bajo el rubro publicidad entre 2019 y 2021, y facturaron montos que van desde $25.000 hasta $900.000. ¿Cuál fue la contraprestación? ¿Qué servicios brindaron?

VÍNCULOS POLÍTICOS Y FAMILIARES

La red se extiende a periodistas como Carlos Simón, Horacio Ramírez Verdaguer y Facundo Rojas, que cobran pauta directa además de sus medios. A eso se suman figuras como Carlos Luppi, presunto prestanombre de Rubén Darío López Miranda, alias “Pingui”, que recibió pagos en un expediente separado en enero de 2022. También aparecen militantes radicales, hijos de exdiputados, y familiares que comparten domicilios fiscales y reales, como el grupo Garay–Saucedo–González.

¿QUIÉN CONTROLA EL GASTO PÚBLICO?

La falta de controles internos, la ausencia de auditorías, y la opacidad en la asignación de pauta oficial configuran un escenario de vulnerabilidad institucional. El Estado provincial aparece como facilitador de un esquema de simulación contractual, donde la publicidad es solo una excusa para canalizar fondos públicos hacia aliados políticos, familiares y operadores mediáticos.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN, HACKEADO

Mientras se financia a medios oficialistas y periodistas alineados, se excluye a voces críticas y se construye una narrativa única: que todo está bien, y que los problemas son culpa del Gobierno Nacional. La pauta oficial se convierte así en una herramienta de censura indirecta, que afecta el derecho ciudadano a una información plural, veraz y equilibrada.

EL ESTADO, SÍ, SOMOS TODOS

La denuncia presentada —que será publicada en Scribd en formato PDF— incluye 55 casos testigos, constancias catastrales, resoluciones oficiales, y vínculos documentados entre beneficiarios. La justicia deberá investigar caso por caso, determinar responsabilidades, y garantizar que el dinero público no se convierta en botín político. Porque el Estado, sí, somos todos.

ACCEDA A LA DENUNCIA PENAL COMPLETA AQUÍ

RECONOCIMIENTO

Como editora adjunta de politicaencorrientes.com y en el nombre de todos los colaboradores del portal que hemos hecho de la transparencia un compromiso con los ciudadanos, agradezco el coraje, la seriedad y el compromiso cívico de la doctora Silvia Adriana Casarrubia (@SilCasarrubia). Sin su aporte esta información nunca llegaría a la vista ni a los oídos del pueblo. La verdad siempre vence… Gracias

Renata Rada – Editora adjunta – politicaencorrientes.com

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