MUNI CORRIENTES: BLINDAJE E IMPUNIDAD
Ocho años de gestión donde propaganda, informalidad, inconsistencias y abusos permitieron que autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Corrientes cuenten con el “blindaje” adecuado para cometer sus tropelías. La “impunidad”, la garantiza una Justicia correntina colonizada por el poder político.
La Municipalidad de Corrientes en el periodo 2017 al 2025 fue el botón de oro de la muestra que deja en evidencia la fragilidad institucional que reina en nuestra provincia.
Primero hay que señalar (y destacar) que los principales responsables de los excesos, abusos e irregularidades cometidas son directamente: Eduardo Tassano, Emilio Lanari, Hugo Calvano; los concejales; y -sin excusas- todos los miembros del gabinete municipal de la gestión señalada.
Los supuestos delitos que -hasta ahora- nadie se animó denunciar y que, la justicia correntina, no tiene motivación política para investigar, van desde: incumplimiento de los deberes de funcionario público; subversión ideológica; abuso de autoridad; y malversación de recursos públicos.
Estos serían algunos de los ilícitos que una observación objetiva, identifica en la administración de la gestión que comandaron Tassano, Lanari y Calvano.
¿QUÉ HICIERON, O QUÉ NO HICIERON?
Hicieron de todo. ¿Qué dejaron de hacer? Respetar el espíritu de las leyes y cumplir las normas básicas. El hecho más grosero, en términos institucionales, fue la no publicación periódica, ordenada y detallada del Boletín Oficial Municipal.
La publicación del Boletín Oficial es un requisito constitucional, material y formal, para que las normas —Ordenanzas, Resoluciones y Disposiciones— sean válidas y exigibles en un Estado de Derecho.
Desde el sentido común y la interpretación jurídica, esta omisión representa por sí sola el incumplimiento de los deberes de funcionario público. No es una omisión casual. tiene todos los componentes de una omisión dolosa.
El “retardo” o la “negligencia” son responsabilidad de los funcionarios mencionados, no como una falta genérica, sino como una violación a la correcta ejecución de las leyes que rigen la administración pública.
DERECHOS PISOTEADOS
Acceso a la información pública: Los ciudadanos no pueden conocer las nuevas normas municipales, afectando su capacidad de acatar o discutir las reglas que los rigen.
Seguridad jurídica: La falta de publicidad impide la entrada en vigencia de las normas y genera incertidumbre sobre cuáles son aplicables, vulnerando el principio de que las leyes deben ser conocidas para ser cumplidas.
Participación ciudadana: Sin publicación de proyectos y ordenanzas, se coarta la posibilidad de presentar iniciativas, observar o participar en su discusión, tal como establece la ley.
Debido proceso y defensa: Los contribuyentes no pueden defenderse ni impugnar actos administrativos o tributarios si desconocen la norma que los fundamenta, quedando en indefensión frente al municipio.
Transparencia y control: Se oculta la gestión pública y las decisiones que afectan la vida comunitaria, dificultando la fiscalización ciudadana sobre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo.
Las víctimas: La no publicación del Boletín Oficial deja a vecinos y contribuyentes en la oscuridad normativa, impidiendo el ejercicio pleno de sus derechos y debilitando la legitimidad de la gestión municipal.
ABUSO Y COMPLICIDAD
En la Municipalidad de Corrientes, todos los integrantes del Ejecutivo con responsabilidad jerárquica abusaron de su autoridad, con la complicidad de una mayoría oficialista complaciente en el Concejo. La omisión deliberada del Boletín Oficial implica:
• Imposición de actos fuera del marco legal:
Decisiones para obtener beneficios indebidos; lesionar derechos; incumplir con las buenas prácticas de la administración de la cosa pública.
• Arbitrariedad reiterada:
Ejercicio caprichoso y tiránico del poder, afectando derechos de subordinados y ciudadanos.
• Discriminación, corrupción y órdenes ilegales:
Hechos que incluyen el dictado de órdenes contrarias a derecho y violatoria de leyes vigentes.
Las pruebas: El sustento documental es visible y de público conocimiento. En politicaencorrientes.com se abordó en múltiples ocasiones —con informes especiales y editoriales— esta irregularidad manifiesta.
EL BLINDAJE
La protección para asegurar impunidad es evidente. Una Justicia colonizada no actúa: espera órdenes. Fiscales y ni siquiera el fiscal general, parecen haber visto —o querido ver— las irregularidades que se ejecutan con descaro hace ocho años.
Peor aún, el periodismo cautivo de la pauta publicitaria evita perder beneficios a cambio de repetir como “loro” los argumentos “publicitarios” del gobierno que les paga. La gestión Tassano–Lanari–Calvano batió récords de contratación de pauta institucional. Cientos de Resoluciones con datos incompletos certifican esta afirmación y aparecen, cada tanto, en los Boletines que sí se publicaron.
Dicho sea y no de paso, esas publicaciones “on line” en el sitio oficial de la municipalidad, demuestran las irregularidades en el tratamiento y ejecución del Boletín Oficial que implicó: publicar de forma aleatoria, inconexa, incompletos y hasta repetidos -algunos- o directamente “suprimidos”.
Datos irrefutables, desde el 11 de diciembre de 2017 y hasta el 9 de diciembre de 2025, periodo que abarcó la indefendible gestión Tassano – Lanari – Calvano, la realidad nuestra que:
Por numeración deberían haberse publicado 1640 Boletines oficiales de la Municipalidad de la ciudad de Corrientes, cuando en realidad constan en la web oficial publicados 1417. Es decir, faltan 223 boletines.
En ocho años de gestión, que implican 96 meses y suponiendo un promedio de solo 15 días hábiles mensuales, el número mínimo de Boletines oficiales que deberían haber sido publicados es de 1440. No alcanzaron siquiera un registro ordenado básico.
Por la gestión referida, el primero fue publicado el 11 de diciembre de 2017, BOM número 2917. El último, el 20 de noviembre de 2025, BOM número 4557.
CONCLUSIÓN
El incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de quienes hoy son diputados y ministro está demostrado. Los otros posibles delitos —subversión ideológica, abuso de autoridad y malversación de recursos públicos— serán expuestos con el mismo rigor en una próxima publicación.
Para quienes decidieron leer, razonar y, en su convicción ciudadana, arriesgar un juicio de valor, la deducción es inevitable: el editor tiene razón.
Buenas, muy buen artículo.
Hay varios reclamos y expedientes presentados a la municipalidad, que jamás fueron leídos, ya que no se tuvo respuesta ni solución.
Teniendo en cuenta la falta de compromiso del vecino o temor por represalias, que deciden “No meterse”.
Saludos y siga adelante.