Por JORGE E. BUOMPADRE (Profesor de Derecho penal y Extraordinario de la UNNE)
Se encuentra próximo el tratamiento de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia -que ya tiene media sanción del Senado- cuyo objetivo principal reside en la descentralización de la administración de justicia de ciertos delitos vinculados al tráfico de drogas, esto es, “desfederalizar” la investigación y juzgamiento de estos delitos menores -que se consideran de baja intensidad-, transfiriendo la competencia federal a la provincial. Vale decir que, si bien estos delitos deberían ser juzgados por la justicia federal -como ha sido siempre- la ley 26.052, publicada en agosto de 2005, es decir, “hace más de 20 años”, facultó a las provincias ocuparse de la persecución y juzgamiento de ciertos delitos menores, de baja intensidad, mediante una “ley de adhesión”, que es, precisamente, la ley que se pretende sancionar para Corrientes y que es objeto de este comentario.
Más allá de los fines que se pretenden alcanzar con este proyecto de ley en la lucha contra la venta y distribución de drogas en pequeñas escalas, esto es -como allí se declama- una “salud pública más humana y menos punitiva”, “evitar una criminalización de personas que no representan una amenaza a la seguridad pública”, “eliminar la persecución de consumidores de bajo nivel desde la esfera federal, porque así se abriría la puerta a políticas públicas más orientadas a la prevención, la educación y el tratamiento del consumo de drogas”, “evitar una sobrecarga de los tribunales federales”, situación que “optimizaría el uso de los recursos judiciales y un mejoramiento de la capacidad de respuesta de los tribunales locales” y, finalmente, “la desfederalización de estos delitos produciría una descongestión de las cárceles, porque -según la ley- se reduciría la cantidad de personas procesadas y detenidas por estas infracciones menores”, lo cierto es que, con el abordaje de proyectos de ley de esta clase, queda al descubierto que el legislador sigue sin entender que una ley no es una herramienta suficiente para solucionar los conflictos sociales, sino que lo que se necesita, prioritariamente, es la implementación de políticas públicas serias y eficaces en la lucha contra el crimen organizado y, desde allí, abordar la problemática del “consumidor de bajo nivel”, evitando la proliferación de mercados minoristas, clanes familiares que usan menores en la distribución de la droga, reclutamiento de soldaditos para la colocación del estupefaciente, control mas eficaz y permanente de los barrios marginales de la ciudad, en los que se presume (o se tiene pruebas) de que se distribuye la droga sin dificultades (zonas de libre tráfico y distribución), controles de fronteras, etc.
Es mas que notorio que esta normativa tiene como objetivo prioritario la “persecución penal del microtráfico”, es decir, el castigo de la distribución de la droga en pequeñas escalas, especialmente a menores y a personas en situación de vulnerabilidad, todo lo cual permite inferir que muy lejos está, por un lado, la afirmación de que la transferencia de competencias a las provincias posibilitará conseguir una mejora en el grave escenario en el que la droga introduce a los jóvenes que cautiva y, por otro lado, lograr la tan anhelada (pero nunca lograda) descongestión del sistema penitenciario, hoy colapsado por factores de diverso signo que no vienen al caso describir.
Si a este incierto panorama y muy poco probable logro de los fines propuestos en la normativa en proyecto, se suma “otro problemita mas” al ya congestionado y empantanado sistema judicial local, no parece que esta transferencia de competencias constituya un acierto político del legislador, especialmente porque la ley en proyecto, que permitiría la desfederalización o distribución de competencias, va en contra de sus propios fines por cuanto, por un lado, al tiempo de declarar propósitos loables y meritorios en pro de la comunidad, lanzando a los cuatro vientos que, con esta normativa, viviremos en una sociedad mejor, asegurando la realización de una política de salud pública “más humana y menos punitiva”, por otro lado faculta a los fiscales -en contraposición a lo que dispone nuestro Código procesal penal- a “ordenar la detención y solicitar medidas coercitivas” en el proceso de investigación penal, esto es, encarcelar a los consumidores y/o vendedores en pequeñas escalas, y solicitar para ellos “medidas coercitivas” (o sea, en buen castellano, la prisión preventiva o el encierro en algún centro de salud mental), característica que revela la naturaleza jurídica de esta ley que se reconoce como una ley de “persecución penal del microtráfico”: se trata de una ley represiva, por más que se la quiera disfrazar de lo contrario, enumerando finalidades más simbólicas que reales y de muy difícil concreción.
No digo con todo esto que la ley en proyecto sea mala, porque una ley no es ni buena ni mala (carece de carácter), ni es de la política ni para la política. Lo que digo es que una ley se juzga por su conveniencia, en un determinado momento histórico por el que está atravesando una sociedad, debiéndose auscultar todos los factores que tienen incidencia, negativa y positiva, en ese momento histórico. Solo así se podría verificar si conviene o no la sanción de la ley de que se trate. Pero, lo que seguramente sí se puede vaticinar es que -como antes dije- no será una solución “descargar” el sistema de justicia federal para “recargar” el local, ya gravemente congestionado por sus propios problemas.
Para finalizar este breve comentario, nos debemos preguntar ¿por qué recién ahora se pretende sancionar esta ley, cuando ya pasaron mas de 20 años desde que la provincia podría haberse adherido al sistema de juzgamiento propuesto por la ley 26.052?…¿que se hizo en estos 20 años para morigerar, frenar el crecimiento, combatir, etc., el tráfico de drogas?…¿se lograrán ahora los resultados que no se persiguieron, ni obtuvieron, en los últimos 20 años?…quien lo sabe, solo el futuro nos dará la respuesta, si es que existe un futuro promisorio en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen internacional organizado.
