Por Julio Gerez
A veces la política correntina se parece más a una partida de truco que a una democracia seria.
Esta semana, el Superior Tribunal de Justicia decidió cantar “¡quiero retruco!” y dejar sin efecto el Decreto 1260/25, esa jugada desesperada del gobernador Gustavo Valdés que intentaba modificar las reglas electorales en plena campaña.
El decreto, emitido el 18 de junio, pretendía impedir que las listas municipales pudieran adherirse a boletas provinciales de otros frentes, salvo que pertenecieran a la misma alianza política. ¿La excusa? “Ordenar el proceso electoral”. ¿La realidad? Un intento burdo de condicionar el juego democrático y blindar el oficialismo.
Pero el STJ fue claro: el Ejecutivo se excedió en su potestad reglamentaria, vulneró el principio de legalidad, afectó la equidad entre partidos y quiso cambiar las reglas con el partido ya empezado. Tres votos contra dos. Un fallo que no solo revoca el decreto, sino que restablece la posibilidad de adhesión libre entre listas, como ha sido habitual en elecciones anteriores.
¿Y AHORA QUÉ?
Este fallo tiene consecuencias políticas que van más allá del papel. Primero, desnuda la fragilidad institucional del oficialismo, que quiso imponer por decreto lo que no podía sostener por consenso. Segundo, reafirma el rol del Poder Judicial como contrapeso real, algo que en Corrientes no siempre se ve con frecuencia. Y tercero, abre la puerta a una campaña más abierta, donde los frentes opositores pueden articular alianzas sin el corsé que Valdés intentó imponer.
¿Fue un error político? Sin dudas. ¿Fue una jugada desesperada? También. Pero, sobre todo, fue una muestra de que la democracia no se puede manejar como una escribanía personal. Y cuando eso pasa, hay jueces que todavía se animan a decir “hasta acá”.
