En Corrientes, el aumento del SEM (Sistema de Estacionamiento Medido) ya rige desde el lunes. El boleto de colectivo urbano se aprobó el jueves en el Concejo Deliberante. Pero el Boletín Municipal Oficial sigue sin actualizarse. ¿Y entonces?
Lo que parece una nimiedad administrativa es, en realidad, una falla grave en la transparencia institucional. Porque sin publicación oficial, las medidas no existen jurídicamente. Y sin existencia jurídica, no hay respaldo legal para que se apliquen. Sin embargo, se aplican igual.
El nuevo valor del boleto urbano —que pasó de $1.290 a $1.890— representa un aumento del 46%, aprobado en sesión con escasa participación ciudadana: apenas siete inscriptos en la audiencia pública. El SEM también subió, pero no hay resolución publicada que lo respalde. ¿Cómo se enteran los vecinos? Por carteles improvisados, por redes, por el cobro directo. Nunca por el canal institucional que corresponde.
La Carta Orgánica Municipal exige que toda norma sea publicada en el Boletín Oficial. No es un capricho: es el mecanismo que garantiza que las decisiones del Estado sean públicas, verificables y sujetas a control. Cuando eso no ocurre, se erosiona la legalidad y se vulnera el derecho ciudadano a estar informado.
¿Quién controla que los aumentos estén bien fundamentados? ¿Quién verifica que se cumplan los procedimientos? ¿Quién defiende al usuario frente a una tarifa que sube sin aviso ni explicación?
La falta de actualización del Boletín no es un error técnico. Es una forma de opacidad. Es gobernar sin dar la cara. Y en tiempos donde cada peso cuenta, el silencio oficial también cuesta.
