En la municipalidad de Virasoro parece ser normal la reacción violenta del oficialismo. No es la primera vez que patotean a una concejal libertaria y a una ciudadana de la localidad. Es inadmisible en democracia tolerar la violencia física y verbal, sobre todo cuando esos actos tienen respaldo institucional
En Virasoro, la reacción violenta de allegados y representantes del oficialismo no hace más que confirmar, que hay mucho por ocultar.
Ocurrió el jueves 8, una vez concluida la sesión del Concejo Deliberante, la concejal libertaria Guadalupe Cristaldo y la ciudadana María Marta Silva Ortiz, fueron víctimas de insultos, empujones y amenazas.
¿Motivo? Un pedido de informes sobre contrataciones realizadas por el municipio y, una simple pregunta a un concejal del Frente Renovador Virasoreño.
EL PEDIDO DE INFORMES
VISTO: Los términos del Art.84° de la Carta Orgánica Municipal; Ordenanza Nº 648/2012;
CONSIDERANDO:
Que es deber del Departamento Ejecutivo Municipal, informar a éste Honorable Concejo todas las contrataciones que lleva adelante referentes a la prestación de servicios u obras públicas;
Que mediante las ejecuciones presupuestarias de los meses correspondientes al ejercicio 2023, se tiene conocimiento de las contrataciones de diversos proveedores para la prestación de servicios u obras públicas;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, debe llevar adelante un exhaustivo control de la documentación requerida, a los fines de integrar el Registro de Proveedores del Municipio, en cumplimiento de la normativa impositiva-fiscal de carácter Municipal, Provincial y Nacional;
Que el Municipio, en virtud del principio de solidaridad, debe exigir, y controlar la documentación necesaria al momento de la admisión, correspondiente al cumplimiento de las contribuciones de la seguridad social y laborales como así también la vigencia de los seguros de riesgos de trabajo y de responsabilidad civil de los proveedores que prestan servicios para la Municipalidad o resultan adjudicatarios de algún proceso de contratación;
Que es facultad de éste Honorable Concejo solicitar informes al Departamento Ejecutivo Municipal, más aún cuando se trata de conocer el estado de las acciones u actos que puedan afectar el erario público.-
Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GDOR. VIRASORO, CTES.
SOLICITA:
Artículo 1°: Que el Departamento Ejecutivo Municipal por el área que corresponda, informe en los términos previstos en el art. 84° de la C.O.M. lo siguiente:
- Si la Sra. Marta Susana MARCORE, CUIT N°20-12657704-5, con domicilio fiscal en calle Junín N°552 de la Ciudad de Corrientes, contratada -conforme ejecuciones presupuestarias correspondientes al Ejercicio 2023-, para prestación de servicios profesionales como abogada bajo el concepto honorarios, tiene a su cargo alguna causa o expediente en que el municipio resulta ser parte, considerando que el Municipio ya cuenta con Asesor Legal designado por el Ejecutivo Municipal.
- Que habiendo detectado pagos en concepto de alquiler de maquinarias a la Sra. Marta Susana MARCORE, CUIT N°20-12657704-5, en las Ejecuciones Presupuestarias del Ejercicio 2023, se detalle el tipo de vehículo, dominio y el sector en el cual se utilizaba. A su vez , informar si la misma halla inscripta sus actividades económicas ante AFIP y se adjunten copias de la documentación requerida, que obra en el Registro de Proveedores del Municipio, conforme a lo establecido por Ordenanza Nº 648/2012.
- Si la Sra. Laura Romina PERALTA MARCORE, CUIT N°23-29395856-4 , con domicilio fiscal en calle Belgrano N°1011 de la Ciudad de Corrientes, contratada -conforme ejecuciones presupuestarias correspondientes al Ejercicio 2023-, para prestación de servicios bajo el concepto honorarios, describa, que tipo de servicios profesionales prestaba al municipio.
- Si la Sra. Laura Romina PERALTA MARCORE, CUIT N°23-29395856-4, a quien se le abonaron sumas, bajo la actividad alquiler de maquinaria, que surge en las Ejecuciones Presupuestarias del Ejercicio 2023, detalle el tipo de vehículo, dominio y el sector en el cual se utilizaba. A su vez , informar si la misma halla inscripta sus actividades económicas ante AFIP y se adjunten copias de la documentación requerida, que obra en el Registro de Proveedores del Municipio, conforme a lo establecido por Ordenanza Nº 648/2012.
- Que se remita al HCD en el plazo de diez (10) días corridos de recibida la presente.
- Que la falta de contestación, su reticencia o negativa a brindar el informe y/o presentar la documentación certificada, como bien reza la norma, configurará una irregularidad o incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos y mal desempeño, sujeto a denuncia penal.
Artículo 2°: COMUNIQUESE.
Gdor. Virasoro, Corrientes., 07 de Agosto de 2024.-
VIRASORO: REACCIÓN VIOLENTA COMO RESPUESTA
Algo falla en Virasoro para que las instituciones se conviertan en cómplices o encubridoras de actos y actitudes desleales e injustificadas. A veces, de la mano con lo ilícito o lo criminal.
La violencia física, verbal y sicológica no pueden convertirse en elementos integrantes del debate o el discernimiento. Mucho menos en un ámbito democrático con mandato popular como lo es el Concejo Deliberante.
Presión y hostigamiento son cotidianas. No solo en el recito legislativo comunal. También en otros ámbitos de la administración municipal. Los actores son, no cabe duda y por desgracia, empleados y funcionarios que responden al oficialismo gobernante en manos de Emiliano Fernández.
¿Es temeraria ésta afirmación? No. Si fueran ciudadanos comunes no podrían ejercer sus actos intimidatorios sin que las autoridades del Municipio y el Concejo tomen medidas para garantizar la seguridad, no solo de una concejal sino también de cualquier ciudadano que manifieste su intención de hacer una pregunta o plantear una crítica.
Y, además, es evidente la connivencia de la Policía y hasta de la Justicia ordinaria. Despierta sospechas justificadas que, ante la reiteración de estos hechos, las fuerzas de seguridad y los funcionarios judiciales miren para otro lado.
ACTOS DE CENSURA Y GESTOS DE AMEDRENTAMIENTO
Es difícil legislar en un recinto donde una patota oficialista grita, insulta y amenaza impidiendo que se pueda hacer uso de la palabra. Más todavía si el presidente del Concejo -oficialista- no impone orden y tampoco garantiza que el micrófono funcione. Casualidad, justo cuando hace uso de la palabra una concejal de la oposición.
Ningún concejal o ciudadano se siente seguro cuando se ejecutan acciones para hacer más tenebroso el escenario, como por ejemplo, cortar la iluminación de la calle en el momento en que los concejales se retiran del recinto. ¿Es admisible éste tipo de artimañas?
Hay antecedentes de hechos similares a los descriptos y aún más graves. Todo ante los ojos de una sociedad atemorizada que soporta los desmanes y el ejercicio de la fuerza que una mayoría circunstancial impone.
¿Quién y cómo se animará a poner límites y restaurar el orden? Es de esperar que alguna medida se aplique en lo inmediato para que este tipo de situaciones no terminen en una desgracia.
RECONOCIMIENTO Y RESPALDO
En PEC siempre priorizamos la verdad. Y, el compromiso irrenunciable es poner en conocimiento de la ciudadanía hechos como el que está reflejado en la publicación “El intendente y el diputado ¿intercambio de favores” del 6 de agosto pasado.
Valoramos y respaldamos el compromiso cívico de las concejales Guadalupe Cristaldo y Alejandra Kaliniak que tuvieron la entereza de carácter para pedir informes a un Ejecutivo Municipal autocrático. En igual sentido nos enorgullece la actitud y coraje de María Marta Silva Ortíz por animarse a preguntar sin miedo, lo que muchos prefieren callar.
La sesión del Concejo Deliberante del municipio de Virasoro, realizada el 8 de agosto, tuvo en su Orden del Día la evidencia de que hay mujeres comprometidas con su comunidad y ejercen sus atribuciones sin medias tintas. Los pedidos de informes referentes a la contratación de Leandro Mora Alfonsín, Marta Susana Marcoré y Laura Peralta Marcoré deberían tener respuesta del Ejecutivo de manera inmediata.
