El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Gerardo Cassani (ECO+CAMBIEMOS), concurrió al Juzgado de Instrucción N° 3, a cargo de la jueza Josefina González Cabañas, pero se abstuvo de declarar.
El legislador concurrió al Juzgado de Instrucción N° 3 cuya titular, la jueza Josefina González Cabañas, lo imputó por supuesto enriquecimiento ilícito en el marco de la causa iniciada por el desmantelamiento de la Cooperativa Pyramis que operaba como una financiera clandestina.
UN TRÁMITE
Cassani cumplió con la citación emanada de la justicia correntina, sin embargo haciendo uso de su derecho, no declaró ni aportó ningún elemento probatorio o documental, en la oportunidad. Por el momento, el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, seguirá sometido a la investigación judicial cuya sustanciación está a cargo del Fiscal Gustavo Roubineau.
LA CAUSA
Pedro Cassani y su hijo Diego, son investigados en relación a la causa “Pyramis”, una cooperativa que actuaba como financiera clandestina. En noviembre de 2015 la sede de “Pyramis Cooperativa de Crédito y Servicios” ubicada en pleno micro centro de la ciudad de Corrientes fue allanada por orden del juez federal Juan Carlos Vallejos.
Las actuaciones tuvieron origen en una investigación iniciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP- y la Unidad de Información Financiera -UIF-, por la comisión de delitos financieros, lavado de activos y asociación ilícita.
En el procedimiento se detectaron más de un centenar de “cajas de seguridad”; la identificación de sus propietarios derivó en la individualización de Pedro Gerardo Cassani como “titular” y Diego Cassani como “autorizado” de dos cajas que contenían importantes sumas de dinero en moneda nacional y extranjera. De acuerdo a lo obrante en el expediente sustanciado en la esfera federal, los importes de referencia no estaban declarados ante el fisco.
La investigación que recae sobre los imputados generó un expediente que hasta el momento consta de 17 cuerpos.
FUEROS
El imputado Cassani, fue reelecto hace 32 días para un nuevo mandato como diputado provincial. Su condición de legislador en ejercicio en goce de la prerrogativa de inmunidad legislativa o parlamentaria, le grantiza la “inmunidad de arresto” y además, para ser procesado, previamente deberá ser desaforado.
El procedimiento para el desafuero del legislador imputado se inicia a solicitud del tribunal interviniente. El cuerpo legislativo correspondiente -en éste caso Cámara de Diputados- deberá resolver sobre la cuestión.
NO ES UN CASO MENOR
Un ejemplo de la gravedad de la causa “Pyramis” y sus derivaciones, puede resumirse en las expresiones vertidas por el fiscal Flavio Adrián Ferrini que en el Informe de Gestión del Ministerio Público Fiscal de la Nación Año 2016 páginas 342/343 señalaba: “Ante el Juzgado federal N2, se destacan dos causas por su importancia. La causa conocida como “Pyramis”, en la que se investiga el funcionamiento de una cooperativa como banco de hecho, conjuntamente con PROCELAC, y en la cual se dio intervención a la UIF y al Banco Central, es sin dudas la causa de criminalidad económica más importante del Distrito. En dicha financiera se llevaba dinero, e inversiones de gran parte del poder económico empresario y político de la provincia, situación de por sí que genera dificultades para su tramitación, en la que debo mencionar como más relevante la intervención de uno de los jueces de la Cámara Federal de Corrientes, votando en dos oportunidades por la anulación de dicha causa y devolución rápida de dinero, cheques y documentación secuestrada a los investigados, lo que motivo su recusación y apartamiento. De la misma se pueden desprender investigaciones por infracciones a la ley penal tributaria de personas físicas y jurídicas y causas por lavado de dinero”.
UN LABERINTO Y DOS JURISDICCIONES
El escándalo por la causa Pyramis sacude dos fueros. En el Federal, donde tuvo orígen, los directivos ya están procesados por el delito de intermediación financiera no autorizada. Además, en marzo de éste año, el fiscal federal Flavio Ferrini y la cotitular de la Procelac, María Laura Roteta, solicitaron el procesamiento por lavado de activos de los imputados Mario Argentino Boschetti y Mario Giudici -en calidad de coautores- y del contador Oscar Gerardo Belén Cassani en el rol de partícipe necesario.
En el ámbito del fuero provincial, la imputación al diputado Pedro Gerardo Cassani por parte de la jueza Josefina González Cabañas, deriva de la prosecución investigativa de la fiscalía que, de acuerdo a la Resolución N° 26 -13/10/2016- del Ministerio Público, en la que el Fiscal General César Sotelo determina: “Dispone, en los términos del art. 16 inc. 15° de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Poder Judicial de Corrientes – Decreto Ley 21/00, que el Señor Fiscal de Instrucción N° 6 de Corrientes, DR. GUSTAVO ALEJANDRO ROUBINEAU, colabore con la investigación en curso en el EXPTE. N° PEX 152931/16, caratulado: “Juzgado Federal de 1° Instancia de Corrientes Remite Expte. N° 4943/2016 Caratulado: “CASSANI PEDRO GERARDO SOBRE ENRIQUECIMIENTO ILICITO”, en trámite ante el Juzgado de Instrucción N° 5, actuando en forma conjunta y/o indistinta y/o alternada con la Señora Fiscal de Instrucción N° 5, a cargo de la misma, la DRA. MARIA GRACIELA FERNANDEZ CONTARDE, en todas las diligencias que correspondan a las funciones que el Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Ley 21/00) y legislación complementaria imponen al Fiscal de Instrucción en la etapa instructoria”.
Por los hechos, suponer que las novedades inmediatas y mediatas con respecto a la causa Pyramis y sus derivaciones, podrán generar situaciones de gravedad institucional imprevisibles, representa la confirmación de que la sociedad correntina tiene algo de razón cuando replica rumores sobre las acciones de determinados hombres públicos.
