UNA DECISIÓN QUE ALEJA A LOS JUBILADOS, ACERCA AL CONSUMO Y DEJA PREGUNTAS SIN RESPONDER.
El Banco de Corrientes inauguró un moderno centro de pagos frente al shopping y el casino, en una zona con escasa conectividad y lejos del microcentro. Mientras tanto, su banca online estuvo caída 24 horas sin explicaciones. ¿Descentralización o desplazamiento funcional a intereses privados?
Este lunes 6 de octubre, la banca provincial inauguró su nuevo “Centro Único de Pagos para Jubilados y Pensionados” (CUP) en un moderno edificio ubicado en avenida Gregorio Pomar 851. El acto fue encabezado por el gobernador Gustavo Valdés y la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri. Con más de 1.100 metros cuadrados, el nuevo centro cuenta con una amplia recepción, cajeros automáticos integrados, un salón climatizado para 270 personas sentadas y 18 puestos de atención, incluyendo boxes adaptados para personas con discapacidad.
Sin embargo, más allá de la infraestructura, la ubicación del nuevo centro genera interrogantes. El local anterior, que funcionará hasta mañana, está en calle 9 de Julio 1463, en pleno microcentro, rodeado de oficinas públicas, farmacias, comercios y servicios de salud, y con acceso directo a la mayoría de las líneas de transporte público. El nuevo edificio, en cambio, se encuentra frente al shopping, el casino del Litoral y el hipermercado ChangoMás, en una zona con escasa conectividad y mínima presencia de transporte público.
La obra fue ejecutada por AZ S.A., una empresa habitual en la realización de obras públicas. Y el dato no menor: el shopping y el casino pertenecen a la misma firma que es socia del gobierno provincial en el emprendimiento “La Unidad”, parcialmente inaugurado hace pocos días en la bajada del puente General Belgrano.
¿A quién beneficia el traslado?
Desde una lógica institucional, el cambio podría justificarse por la carencia de comodidades del local anterior y el hecho de que era alquilado. Pero desde una lógica ciudadana, especialmente pensando en los adultos mayores que deben trasladarse para cobrar sus haberes, la decisión parece desconectada de la realidad cotidiana. El nuevo centro no solo está lejos, sino que está rodeado de espacios que promueven el consumo y el juego, lo que puede generar tensiones éticas si no se acompaña con medidas de protección.
¿Es defendible?
Solo si se complementa con políticas que garanticen el acceso: refuerzo de líneas de colectivos, transporte gratuito para jubilados, módulos móviles en los barrios, o atención descentralizada. Sin eso, el traslado parece más una estrategia de alineación con intereses privados que una mejora en la calidad del servicio público.
¿Y la voz ciudadana?
¿Se consultó a los usuarios? ¿Se evaluó el impacto en la movilidad? ¿Se pensó en el perfil de quienes usan el servicio? La falta de respuestas a estas preguntas convierte una decisión administrativa en una polémica pública.
¿Y si se hubiera pensado distinto?
Una alternativa más inclusiva y eficiente habría sido dividir el centro de pagos en cuatro subcentros, ubicados en barriadas alejadas pero con alta concentración de adultos mayores. Con un análisis básico de big data —cruces entre densidad poblacional, edad y conectividad— se podrían haber proyectado ubicaciones estratégicas, cercanas a los domicilios de los “abuelos” y con buen acceso al transporte público. No se trata solo de infraestructura: se trata de dignidad, cercanía y respeto.
