por Renata Rada
En el tablero político del nordeste argentino, dos figuras de La Libertad Avanza (LLA) se encuentran bajo la lupa judicial y mediática: Alfredo “Capi” Rodríguez, director de ANSES Chaco y presidente del partido en esa provincia, y Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes y referente libertario. Ambos casos exponen un patrón preocupante: el presunto uso discrecional de estructuras estatales para fines partidarios y personales.
CASO “CAPI” RODRÍGUEZ: AFILIACIONES TRUCHAS Y EXTORSIÓN
Rodríguez enfrenta una investigación federal por un esquema de afiliaciones fraudulentas al partido LLA en Chaco. La fiscalía de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, detectó que más del 80% de los convocados judicialmente nunca se afiliaron voluntariamente. Lo más grave: muchas víctimas son adultos mayores, analfabetos o personas con discapacidades, lo que sugiere una manipulación sistemática de sectores vulnerables.
Además, se lo acusa de extorsionar a empleados de ANSES, exigiéndoles parte de sus salarios como condición para conservar sus puestos. La sospecha de que se usaron bases de datos oficiales para afiliar personas sin consentimiento agrava el cuadro. La causa podría derivar en imputaciones por falsedad documental agravada y extorsión, delitos que conllevan penas de hasta 10 años.
CASO LISANDRO ALMIRÓN: LA FUNDACIÓN GEA Y EL REPARTO DE REZAGOS
En Corrientes, el diputado Almirón está vinculado a la Fundación Gea-Madre Tierra, que recibió donaciones millonarias de bienes decomisados por la Aduana, gestionadas directamente por Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Entre los bienes entregados figuran más de 21.000 artículos electrónicos, repuestos aeronáuticos y aires acondicionados, sin licitación ni control público.
La fundación está dirigida por familiares directos de Almirón: su esposa, su hermana y su suegro político, todos con cargos en LLA. Aunque se presenta como una ONG ambiental, no tiene actividad verificable en ese rubro. Las redes sociales muestran escasa transparencia y nula rendición de cuentas sobre el destino de los bienes.
COMPARACIÓN CRÍTICA
HIPOCRITAS CONSIETUDINARIOS
Ambos casos revelan una contradicción brutal entre el discurso libertario de “lucha contra la casta” y las prácticas denunciadas. El uso de organismos públicos como cajas partidarias, la designación de familiares en cargos clave, y la falta de transparencia en el manejo de recursos estatales configuran un escenario que recuerda lo peor de la vieja política.
Si bien Rodríguez enfrenta una causa judicial concreta, el caso de Almirón expone una red de beneficios familiares y donaciones estatales que, aunque no judicializadas aún, merecen escrutinio público urgente. En ambos, el denominador común es el abuso de poder y la instrumentalización del Estado para fines personales o partidarios.
La Libertad Avanza, que prometía romper con la lógica del privilegio, parece haberla replicado con nuevos nombres y viejas mañas.
