por Julio Gerez
El fallo del STJ no resolvió el conflicto de Esquina: lo maquilló. La invención del “voto opcional” es una salida política, no jurídica, que deja abierta la puerta al fraude electoral.
La situación en Esquina, Corrientes, es un manual de cómo se erosiona la legitimidad democrática desde las instituciones que deberían protegerla. El Superior Tribunal de Justicia, lejos de zanjar el conflicto, lo profundizó con una decisión salomónica que crea una figura inédita: el voto opcional en elecciones municipales. ¿La justificación? Evitar el escándalo. ¿El resultado? Legalizar la ambigüedad.
Según el análisis publicado por Política en Corrientes, el problema de fondo es claro: ciudadanos del nuevo municipio de Malvinas podrían votar autoridades del municipio de Esquina. Esto contradice el principio de territorialidad democrática. Cada comuna debe elegir sus propias autoridades. Lo contrario es una distorsión institucional que pone en jaque la credibilidad del sistema.
La Junta Electoral Provincial, en lugar de corregir el rumbo, lo interpreta como una “decisión voluntaria” de los vecinos de Malvinas: pueden votar si quieren, o no hacerlo. Pero ¿desde cuándo la participación electoral en una jurisdicción ajena es una opción? ¿Qué pasa si el resultado de la elección depende de esos votos? ¿Quién responde por la legitimidad del intendente electo?
Este fallo no resuelve el conflicto, lo disfraza. No hay claridad sobre los padrones, ni sobre la validez de los votos emitidos por ciudadanos que no pertenecen al municipio en cuestión. Y lo más grave: no hay voluntad política de corregirlo. Se prioriza la continuidad del cronograma electoral por encima del respeto a la autonomía local.
La democracia no se construye con parches. Se construye con reglas claras, territorios definidos y procesos transparentes. Lo que está ocurriendo en Esquina es un experimento institucional que puede sentar un precedente peligroso. Porque si el voto opcional se convierte en herramienta para resolver conflictos territoriales, entonces cualquier elección puede ser manipulada bajo el manto de la “voluntariedad”.
El camino al fraude no siempre se pavimenta con trampas explícitas. A veces, basta con una decisión judicial que habilite lo inadmisible. Y eso, lamentablemente, es lo que está ocurriendo en Corrientes.
REFLEXIÓN: ¿No somos todos iguales ante la ley?
¿Por qué los ciudadanos de Malvinas pueden eximirse de votar o, peor aún, votar por autoridades que no los representarán?
El “voto opcional” no es una solución: es una coartada. Una forma de evitar el costo político de suspender una elección que ya estaba en marcha, aunque eso implique dinamitar la legitimidad del resultado.
La democracia no puede sostenerse sobre excepciones arbitrarias. Si el padrón está mal, se corrige. Si hay un conflicto de jurisdicción, se resuelve. Pero lo que no se puede hacer —sin pagar un precio altísimo en credibilidad— es inventar reglas sobre la marcha para salir del paso.
Si hoy el voto es opcional para algunos, mañana puede ser obligatorio para nadie. Y entonces, ¿qué queda de la voluntad popular?
Un atropello democrático, Yo tengo domicilio en Malvinas y no he aceptado una propuesta para concejal por tener el domicilio en Malvinas haciendo perder la posibilidad de participar como candidata para elecciones municipales. No tienen en cuenta lo que piensan los ciudadanos y atropellan las leyes