NARCOMENUDEO EN CORRIENTES
La adhesión de Corrientes a la Ley de Narcomenudeo genera expectativa social, pero también expone las debilidades estructurales del Estado. La experiencia de otras provincias muestra que sin inversión, coordinación y voluntad política, la norma puede naufragar en la burocracia y el ajuste.
La reciente adhesión de Corrientes a la Ley Nacional de Narcomenudeo marca un punto de inflexión en la política de seguridad provincial. Impulsada por el gobernador Gustavo Valdés y aprobada por la Cámara de Diputados, la norma busca transferir a la justicia local la competencia sobre delitos de microtráfico. Pero como bien advirtieron los obispos correntinos, “no solo se necesita voluntad, también inversión económica”.
El comunicado firmado por los prelados Adolfo Larregain (Corrientes), Adolfo Canecín (Goya) y Gustavo Montini (Santo Tomé) no es una simple opinión eclesiástica. Es un llamado de atención desde el territorio, desde quienes conocen de cerca el impacto del narcotráfico en los barrios, en las familias, en la vida cotidiana. Y lo que señalan es claro: sin recursos, sin estructura, sin coordinación, la ley corre el riesgo de convertirse en letra muerta.
La experiencia de otras provincias como Chaco, Santa Fe, Salta, Jujuy y Tucumán lo confirma. Si bien la desfederalización permitió iniciar más causas y acercar la justicia a los territorios, también generó una sobrecarga en los sistemas judiciales locales, conflictos de competencia entre fuerzas, y una persecución penal que muchas veces se centró en consumidores y pequeños vendedores, sin tocar las redes de mayor escala.
En Corrientes, la justicia ya expresó su preocupación por la falta de personal y equipamiento para enfrentar el aluvión de causas que se espera. A esto se suma la tensión política con el gobierno nacional, que aún no ha girado los fondos comprometidos en convenios firmados durante 2024. El antecedente más cercano es el veto presidencial a la Emergencia en Discapacidad, ratificada por el Congreso pero ignorada por el Ejecutivo en nombre del superávit fiscal.
La inseguridad en Corrientes tiene rostro. El de la mujer de 65 años arrastrada y asesinada por un motochorro. El de los jóvenes que consumen estupefacientes sin acceso a tratamiento. El de las víctimas que denuncian una “puerta giratoria” en las comisarías. Y el de una sociedad que exige respuestas concretas, no gacetillas oficiales ni promesas sin sustento.
La Ley de Narcomenudeo genera expectativa. Pero también exige responsabilidad. No alcanza con aprobarla. Hay que financiarla, aplicarla, coordinarla, monitorearla. Y sobre todo, hay que evitar que se convierta en otro instrumento sepultado por la desidia, la falta de voluntad política o el ajuste presupuestario.
Los obispos lo dijeron con claridad. Ahora le toca al Estado demostrar que está a la altura del desafío.
