LOS ELECTORES DEL MUNICIPIO DE MALVINAS ELEGIRÁN A LAS AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE ESQUINA
La disputa electoral en Esquina expone una falla institucional grave: ciudadanos de una comuna podrían votar autoridades de otra. Más allá de las actas y los presupuestos, lo que está en juego es la legitimidad democrática.
La secuencia de hechos que rodea las elecciones municipales en Esquina, Corrientes, revela una tensión institucional que va más allá de lo técnico. Lo que está ocurriendo no es solo una disputa presupuestaria ni un diferendo administrativo: es una vulneración del principio democrático más básico. Porque si no se corrige lo que está en curso, ciudadanos de una comuna podrían terminar votando autoridades de otra.
La Junta Electoral Provincial exigió al municipio de Esquina un presupuesto millonario para organizar los comicios del 26 de octubre, incluyendo montos que ya fueron cubiertos por Nación. La Cámara Nacional Electoral calificó ese pedido como “excesivo” y dispuso que la Dirección Nacional Electoral garantice las elecciones sin que el municipio deba afrontar esos costos. A pesar de ello, la Junta Provincial intimó al pago bajo amenaza de intervención, y luego aceptó un plan de pagos que, en los hechos, implica el reconocimiento de una deuda que no debería existir.

Pero lo más grave no está en el dinero. Está en la decisión de incorporar al circuito electoral de Esquina al nuevo municipio de Malvinas. Una decisión que, como señaló -VER VIDEO- el intendente Hugo Benítez, contradice el principio de territorialidad democrática: “Los ciudadanos de Malvinas no pueden votar en Esquina, ni los de Esquina en Malvinas”. La lógica es simple: cada comuna debe elegir sus propias autoridades. Lo contrario es una distorsión institucional que erosiona la legitimidad del proceso.
La defensa del municipio de Esquina fue firme, jurídica y política. Se gestionó ante Nación, se propuso un plan de pagos, se garantizó la realización de los comicios. Pero el problema de fondo persiste. Y no se resuelve con actas ni con prórrogas. Se resuelve con voluntad política y respeto por la autonomía local.
La Junta Electoral Nacional, en su Acta N° 9, convalida lo actuado por la Junta Provincial y da continuidad al cronograma. Pero no se pronuncia sobre el núcleo del conflicto: ¿pueden los ciudadanos de una comuna votar autoridades de otra? ¿Puede una elección ser legal pero ilegítima?
Desde nuestro espacio, lo decimos con claridad: la democracia no se construye solo con normas, sino con sentido común. Y si el sistema electoral permite que se vote sin respetar la identidad política de cada territorio, entonces hay que revisar el sistema. Lo que está en juego no es una elección más. Es la credibilidad de las instituciones.
