En Corrientes, como en muchas provincias argentinas, la campaña electoral avanza con ritmo de caminata oficial.
Gobernador, vicegobernador, ministros, intendentes, legisladores y funcionarios diversos siguen en funciones mientras hacen campaña, sin pedir licencia ni apartarse de sus cargos. ¿Es legal? En muchos casos, sí. ¿Es ético? Esa es otra historia.
¿QUIÉN PAGA EL TIEMPO DE CAMPAÑA?
Durante el horario laboral, funcionarios que deberían estar gestionando políticas públicas aparecen en entrevistas, recorren barrios, participan de actos partidarios o difunden sus candidaturas. ¿Lo hacen como ciudadanos? No. Lo hacen como candidatos, pero sin dejar de ser funcionarios.
La pregunta es inevitable: ¿están usando tiempo y recursos del Estado para posicionarse electoralmente?
EL VACÍO LEGAL QUE PERMITE EL DOBLE ROL
La Ley de Ética Pública (25.188) establece que los funcionarios deben actuar con transparencia, probidad y velar por el interés público. También prohíbe la promoción personal en actos oficiales. Sin embargo, no obliga expresamente a pedir licencia durante la campaña.
Este vacío normativo abre la puerta a una zona gris, donde lo legal no necesariamente es lo legítimo.
En otras provincias, como Santa Fe, se otorgan licencias extraordinarias a docentes y empleados públicos que son candidatos. Pero en Corrientes, ni el gobernador ni el vicegobernador han dado señales de apartarse temporalmente del poder, pese a competir por cargos electivos.
¿ABUSO DE PODER O VENTAJA ESTRUCTURAL?
Cuando quienes manejan el aparato estatal no se apartan de sus funciones durante la campaña, se genera una asimetría democrática.
– Tienen acceso a medios oficiales, vehículos, agendas públicas y recursos que otros candidatos no poseen.
– Pueden inaugurar obras, anunciar programas o realizar actos de gobierno que, aunque legales, funcionan como propaganda encubierta.
Esto no solo inclina la cancha electoral, sino que erosiona la confianza ciudadana en la neutralidad del proceso.
¿Y SI EL EJEMPLO VINIERA DE ARRIBA?
La ética pública no se mide solo en declaraciones juradas o en el cumplimiento formal de la ley. Se mide en gestos.
Pedir licencia para hacer campaña no es una debilidad institucional, es una muestra de respeto democrático.
Es reconocer que no se puede ser juez y parte, funcionario y candidato, sin que eso afecte la equidad electoral.
La democracia se fortalece cuando quienes la representan renuncian a las ventajas del poder para competir en igualdad de condiciones.
Y si eso no está escrito en la ley, debería estarlo en la conciencia de quienes aspiran a gobernar.
