Con la fecha de las elecciones provinciales fijada para el domingo 31 de agosto, Corrientes se prepara para renovar autoridades ejecutivas y legislativas.
Sin embargo, a menos de seis semanas de los comicios, persisten interrogantes clave que generan preocupación entre partidos, candidatos y ciudadanos.
DEMORA EN LA OFICIALIZACIÓN DE CANDIDATURAS
Aunque el plazo para la presentación de listas y pedido de oficialización venció el 12 de julio, la Junta Electoral Provincial aún no ha publicado oficialmente las candidaturas. Esta demora podría deberse a:
– Procesos de verificación y validación de documentación.
– Revisión de impugnaciones o reclamos internos entre alianzas.
– La complejidad del sistema de boletas colectoras, recientemente avalado por la Cámara de Apelaciones.
La falta de definiciones complica la planificación de campañas y la impresión de boletas, cuyo plazo también está próximo a vencer.
PROTOCOLO DE SEGURIDAD: ¿POR QUÉ NO ESTÁ DEFINIDO?
El 27 de junio se realizó una reunión entre la Junta Electoral y la Policía de Corrientes para coordinar aspectos logísticos y de seguridad. Si bien se intercambiaron experiencias y se manifestó voluntad de colaboración, no se ha difundido públicamente un protocolo oficial. Esto genera incertidumbre sobre:
– La seguridad en los centros de votación.
– El control del traslado de urnas y boletas.
– La prevención de incidentes durante la jornada electoral.
La falta de comunicación oficial sobre el operativo refuerza la percepción de improvisación institucional.
EMPRESA POSTAL: ¿QUIÉN SE HARÁ CARGO?
Otro punto crítico es la logística electoral, especialmente la distribución y recolección de urnas, boletas y telegramas. Hasta el momento:
– No se ha confirmado qué empresa postal asumirá el servicio, aunque se mencionan oferentes como Correo Argentino o Andreani.
– La Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de Información (SUSTI) ha invertido en tecnología para agilizar el escrutinio, pero la logística física sigue sin definiciones claras.
La ausencia de un contrato oficial o anuncio público sobre la empresa responsable pone en riesgo la transparencia y eficiencia del proceso electoral.
