Lisandro Almirón -Unión Celeste y Blanco- le puso el cascabel al gasto. Apuntó a la contratación de Consultoras de Opinión y a los fondos destinados a Publicidad Institucional
Concejales del oficialismo con mayoría automática recibieron dos “bombazos” en modo Ordenanza. Fue el concejal de la oposición, Claudio Lisandro Almirón, quien presentó dos proyectos: a) El Registro Municipal de Consultores de Opinión Pública. b) Regula la asignación de Partidas presupuestaria destinada a pautas de publicidad oficial en el ámbito de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.
Ambos proyectos pasaron a las comisiones de Hacienda y de Legislación. Como era de esperar, el oficialismo tiene mayoría en ambas comisiones. Eso implica que el despacho de mayoría en principio sería contrario al tratamiento de los Proyectos de Ordenanza. Espíritu de cuerpo o, intentar tapar el sol con las manos.
¿DE QUÉ SE TRATA?
El concejal impulsa dos proyectos de Ordenanza para darle marco jurídico a dos actividades que el Ejecutivo municipal utiliza de manera recurrente sin que ninguna norma vigente lo regule ni audite.
Es decir, en ambos proyectos el edil plantea en sus fundamentos los mismos interrogantes que el ciudadano y el contribuyente de la ciudad vienen reflexionando: ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuánto?
Lo más importante, cuando se trata de fondos públicos, lo mejor es normar y transparentar. Implica que, todos los concejales deberían apoyar y votar ambas iniciativas, en consecuencia con sus funciones de legislar y además controlar al Ejecutivo.
EL REGISTRO DE CONSULTORES DE OPINIÓN PÚBLICA
Es indudable que políticos, funcionarios, empresarios y otros, recurren a los servicios de Consultoría para “encuestas y sondeos“. Es un recurso técnico-científico que evalúa las tendencias sociológicas.
El concejal Almirón, por primera vez en la historia del Concejo, promueve una Ordenanza que implica conocer de manera certera dos datos fundamentales. El primero, saber qué empresa o profesional es contratado por el Municipio para realizar las encuestas y/o sondeos. El segundo, establece la publicación en Boletín Oficial del municipio los resultados y/o conclusiones del trabajo realizado, para que cualquier ciudadano tenga acceso a esa información sensible.
Si la iniciativa recibe el respaldo de los concejales del oficialismo es posible que la ciudadanía de la Capital tenga acceso a data importante que hace no solo a su día a día, sino también pone el “foco” sobre las acciones del Ejecutivo de turno.
Sobre todo, cuando la contratación de esos servicios implica un gasto con fondos públicos que hasta ahora está sujeto a la discrecionalidad del Ejecutivo municipal y además pone blanco sobre negro contrastando el asiduo mensaje de “está todo bien” con los resultados de la opinión vertida por los vecinos en la encuesta o sondeo.
EL PROYECTO – EL ANEXO
¿PROPAGANDA O PUBLICIDAD DE LOS ACTOS DE GOBIERNO?
Sabiendo interpretar la realidad y percibiendo la “omnipotencia” implícita de que, quién gobierna usa de los fondos públicos para cooptar o censurar al periodismo a través de la “asignación” de Publicidad Institucional, Lisandro Almirón dio impulso a un proyecto al respecto.
Entre los considerandos de la iniciativa, el edil resalta que “es necesario instrumentar mecanismos de administración y ejecución en relación a la política comunicacional y de difusión de los actos de gobierno, gestión y acción programática de la Municipalidad“.
Además, destaca que “la libertad de expresión y el acceso a la información pública son derechos con rango constitucional y reconocidos explícitamente en Tratados Internacionales“. Y que “resulta necesario establecer criterios claros, equitativos y objetivos para la asignación y distribución de la publicidad oficial“.
Promueve el concejal un “marco regulatorio” que permita “regular la asignación de partidas presupuestarias destinadas a pautas de publicidad oficial en el ámbito de la Municipalidad de Corrientes“.
Lo más importante, insta a que “las partidas presupuestarias destinadas a la publicidad oficial se distribuirán por campañas que serán planificadas mediante un Plan Anual de Publicidad Oficial por el área que el DEM designe, quien deberá informar al Concejo Deliberante la ejecución a través de un informe anual al tiempo de la presentación anual de rendición de cuentas“.
Es decir, privilegiando la planificación por sobre las “campañas” reiterativas de neto corte personalista que los funcionarios utilizan para vehiculizar aspectos de su gestión.
EL PROYECTO (VER)
FUNDAMENTACIÓN INAPELABLE
Almirón conceptualizó sus fundamentos en hechos concretos relacionados a esta cuestión “urticante“. Recordó que durante la última reforma de la Constitución provincial, como Convencional Constituyente, presentó un proyecto atinente a la “Publicidad Institucional” que no fue tenido en cuenta.
En paralelo rememoró el dato significativo de que un ex gobernador, el radical Arturo Colombi, tuvo que “recorrer los estrados de los juzgados de Instrucción” en una causa penal justamente relacionada con la “Pauta Oficial”.
En el mismo sentido trajo a colación la denuncia en la justicia provincial y federal, realizada por una abogada y ex apoderada del radicalismo, en relación con la “Pauta Oficial” que el gobierno provincial otorga.
CONTRA LA PARED
Los ediles de la “bancada” oficialista escucharon impertérritos. Ni siquiera movieron una ceja o carraspearon cuando el concejal Almirón resaltó que “estaba podrido de escuchar la publicidad institucional en la que se hace mención destacada a un alto funcionario“.
Tampoco se percibió incomodidad alguna cuando sin medias tintas el edil señaló “inclusive en éste cuerpo hay concejales cuestionadas por su estrecha relación con el usufructo de la Pauta Oficial“. Nelson Lovera por unos instantes, ni respiró.
Si algo faltaba, la cuestión “Publicidad Institucional”, tiene antecedentes espinosos. Vale como ejemplo la conclusión de la Auditoría General de la Nación en referencia a éste tema.
LE PUSO EL CASCABEL AL “GASTO”
Puede decirse que el concejal cumplió con su función. Sus proyectos de Ordenanza “llenan un vacío“. Legisla para dar un marco jurídico a dos cuestiones que implican erogaciones. Esa inversión de fondos públicos deben tener características de previsibilidad, objetividad y contralor efectivo.
Sobre todo, porque la “propaganda” puede saturar permanentemente. Pero, casi no quedan pruebas o vestigios de su efectividad o concreción, cuando la misma apunta a publicitar acciones que no están relacionadas a los intereses del vecino y la comunidad en general.
Todo es perfectible. Sería una señal de compromiso democrático fiel al soberano, que los concejales del oficialismo le den utilidad a su mayoría abrumadora, acompañando con su voto a estas iniciativas.
