MARINA DEL PARQUE: EL CONTRATO QUE ENTREGÓ EL PARQUE MITRE POR 49 AÑOS

Un muelle turístico en el Parque Mitre parecía un detalle menor. Pero detrás de esa fachada se esconde un negocio blindado por casi medio siglo, con un canon simbólico y beneficios desproporcionados para un grupo reducido de empresarios. Documentos oficiales revelan cómo se institucionaliza la corrupción bajo la apariencia de iniciativa privada.

Lo que se presentó como una iniciativa privada para “modernizar” el Parque Mitre terminó convertido en un negocio blindado por casi medio siglo. Bajo la fachada de un muelle turístico, se consolidó un sistema de privilegios que transfiere patrimonio público a manos privadas, con un canon simbólico y obras financiadas por el Estado.

LA SOCIEDAD CREADA A MEDIDA

El 6 de junio de 2019 se constituyó Marinas del Parque S.A., con un capital social de apenas $600.000 y un plazo de duración de 99 años. Sus socios —Gustavo Ramón Sicco, Pablo Gustavo Chamas y Jorge Alfredo Gutnisky— diseñaron un objeto social tan amplio que abarca desde servicios náuticos hasta gastronomía y eventos.

EL CONTRATO DE CONCESIÓN: PRIVILEGIOS INSTITUCIONALIZADOS

El 29 de marzo de 2019, el intendente Eduardo Tassano firmó el contrato de concesión de obra pública para la “Construcción y explotación de la Marina en la desembocadura del arroyo Poncho Verde”. El documento establece:

•             Presupuesto oficial: $16.940.000.

•             Plazo de concesión: 49 años.

•             Canon mensual: apenas $50.000, sin cláusulas claras de reajuste.

•             Ingresos complementarios: todos los ingresos de servicios adicionales son considerados parte de la concesión y percibidos íntegramente por la empresa.

•             Tercerización y expansión: la concesionaria puede explotar servicios complementarios por sí o por terceros, firmar contratos hasta por 49 años y ceder ingresos en garantía para financiarse.

•             Constitución de sociedad: el contrato habilita expresamente la creación de una sociedad comercial para explotar la concesión, lo que conecta directamente con la aparición de Marinas del Parque S.A. semanas después.

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LA OPACIDAD INSTITUCIONAL

A esto se suma la falta de control: embarcaciones sin matrícula visible, Prefectura sin respuestas, y un canon anual de $600.000 que contrasta con el valor real del negocio. Todo configura un “modus operandi” que erosiona la credibilidad de las instituciones y normaliza la corrupción como práctica cotidiana.

CONEXIÓN CIUDADANA

El parque y el río son bienes comunes. Cada peso que el Estado destina a obras complementarias es dinero que podría financiar servicios básicos. Cada concesión a medida es un espacio público privatizado. Cada silencio institucional es una renuncia al control que debería proteger a la ciudadanía.

CONCLUSIÓN

¿Quién controla al poder cuando los negocios se blindan por medio siglo? ¿Cuánto más se puede naturalizar la entrega de lo público a los amigos del poder? La Marina del Parque no es un muelle: es un espejo que refleja cómo se construye la corrupción en Corrientes.

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