A semanas de las elecciones del 31 de agosto, Corrientes enfrenta una pregunta institucional que debería estar en el centro del debate público: ¿quién procesa los datos provisorios del escrutinio?
La respuesta: lo hace el SUSTI, la Subsecretaría de Sistemas y Tecnologías de Información, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo provincial.
¿UN ROL TÉCNICO O UNA DECISIÓN POLÍTICA?
Desde hace varios años, el SUSTI se encarga de recepcionar las planillas, cargar los datos provisorios y publicar los resultados preliminares el día de la elección. Este año, anunció mejoras como servidores locales, doble verificación de planillas y más personal capacitado. La inversión en tecnología es visible.
Pero la pregunta persiste: ¿debe ser el Ejecutivo quien centralice ese proceso?
EL ROL AUSENTE DE LA JUSTICIA ELECTORAL
La Junta Electoral Provincial, órgano rector de las elecciones, no gestiona directamente ni contrata el servicio de procesamiento de datos. Tampoco lo hace el Poder Judicial, que en otras provincias tiene mayor injerencia.
Ese vacío institucional genera dudas sobre la independencia real del escrutinio provisorio, sobre todo cuando el oficialismo juega sus fichas en la contienda electoral.
¿EFICIENCIA O VULNERABILIDAD?
La velocidad del resultado no puede eclipsar la necesidad de confianza pública. En escenarios de polarización, cualquier sospecha sobre posible manipulación de datos puede erosionar la legitimidad del proceso.
¿No sería más prudente que el procesamiento de datos lo ejecutara la Justicia Electoral, o un organismo autónomo, con recursos propios y fuera del control del Ejecutivo?
La tecnología no es garantía de transparencia si no está acompañada por instituciones fuertes y mecanismos imparciales.
La democracia no solo se mide en votos, sino en la confianza que los ciudadanos depositan en el sistema que los cuenta.
