por Julio Gerez
El dictamen de la Fiscalía del Chaco sobre el uso discriminatorio de la pauta oficial expone un patrón que se replica en Corrientes. Sin regulación ni criterios objetivos, la publicidad estatal se convierte en censura encubierta.
La reciente resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Chaco no solo pone en evidencia el uso abusivo de la pauta oficial en esa provincia. También desnuda un patrón político que se replica en Corrientes, donde el manejo millonario de los fondos públicos destinados a publicidad institucional sigue sin regulación, sin criterios objetivos y con una lógica de premios y castigos que atenta contra la libertad de expresión.
El dictamen del fiscal Gustavo Leguizamón, emitido el 5 de septiembre, es contundente: el reparto discriminatorio de la pauta oficial constituye una forma de censura indirecta. No lo dice un medio afectado, no lo denuncia una oposición partidaria. Lo afirma un organismo de contralor, citando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La metodología aplicada por el gobierno de Leandro Zdero en Chaco —condicionar la línea editorial de los medios mediante el otorgamiento o retiro de pauta— es idéntica a la que se observa en Corrientes bajo la gestión de Gustavo Valdés. No es casualidad: Zdero es alumno político de Valdés, y ambos pertenecen al mismo espacio partidario. Lo que sí es grave es que ambos gobiernos operan bajo el mismo esquema de discrecionalidad, sin ley que regule, sin transparencia, sin planificación pública.
Desde politicaencorrientes.com lo hemos denunciado en múltiples ocasiones. La pauta oficial en Corrientes no responde a criterios de utilidad pública, ni a planificación institucional, ni a procesos abiertos. Responde a la conveniencia política del momento, al alineamiento editorial, al silencio o al elogio. Y eso, como bien señala la CIDH, debe estar expresamente prohibido por ley.
El dictamen chaqueño cita casos emblemáticos: Editorial Río Negro contra Neuquén, Editorial Perfil contra el Estado Nacional. En ambos, la justicia reconoció que el retiro de pauta por cobertura crítica violaba la libertad de expresión. ¿Cuántos medios correntinos podrían invocar hoy esos precedentes? ¿Cuántos fueron excluidos por no alinearse con el discurso oficial?
La clave está en la regulación. En establecer definiciones claras, criterios públicos, planificación anual, y procesos transparentes. No para garantizar recursos a todos los medios, sino para evitar que el Estado utilice el dinero público como herramienta de censura encubierta.
La pauta oficial no puede seguir siendo un instrumento de propaganda partidaria. Debe ser una herramienta institucional al servicio de la ciudadanía. Y para eso, hace falta voluntad política, pero sobre todo, hace falta una ley.
