TARIFAZO CAPITALINO

Otra suba encubierta que puede llegar al interior

Con una maniobra administrativa, las compañías eléctricas del AMBA se garantizan ganancias extraordinarias antes del cierre de balances. Los usuarios, en cambio, quedan como el último orejón del tarro: obligados a pagar tres facturas en apenas dos meses, sin haber sido informados y endeudándose para sostener el consumo básico de energía.
El nuevo concepto que aparece en las boletas —Ajuste de Migración Mensual— afecta a casi 6 millones de usuarios del área metropolitana, según denunciaron entidades de defensa al consumidor. La medida fue habilitada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y, de acuerdo a cálculos de las asociaciones, podría generar ingresos extras para las concesionarias por más de 60 millones de dólares, justo en el cierre de los ejercicios contables de 2025.

Qué cambió

Hasta ahora, Edenor y Edesur realizaban lecturas bimestrales y dividían el monto en dos cuotas mensuales. Con el nuevo esquema, las lecturas pasan a ser cada 30 días, pero durante la transición se acumulan dos cobros en una sola boleta. En la práctica, los usuarios terminan pagando tres facturas en dos meses.
Las boletas llegaron con montos adicionales de entre 10.000 y 80.000 pesos, generando sorpresa y malestar. “Los usuarios no fueron informados y se les impone el pago adelantado de consumos futuros, violando el derecho básico a la información”, advirtió Pedro Bussetti, titular de Deuco.

Decisión inconsulta

El ENRE, conducido por Néstor Lamboglia, defendió la facturación mensual como mecanismo para “comprender mejor el consumo y detectar fugas”, pero reconoció que la implementación debió ser progresiva. La Secretaría de Energía, por su parte, sostuvo que el cambio dará “mayor previsibilidad” a los usuarios, aunque admitió un impacto económico transitorio.
Las asociaciones cuestionan que la medida se aplicó sin consulta pública, tal como exige la Ley 24.065 y el Decreto 1172/2003. También remarcan que el anticipo podría haberse prorrateado en cinco o seis meses, en lugar de concentrarlo en tres, en un contexto donde las tarifas ya representan entre el 30 y el 40% de los ingresos familiares.

Repercusiones posibles

Aunque la medida se aplica en el AMBA, el antecedente abre interrogantes sobre su extensión al interior del país. En provincias como Corrientes, donde los hogares ya enfrentan dificultades para pagar la energía, un esquema de facturación adelantada podría agravar el endeudamiento y la mora.
Las entidades aconsejan solicitar prorrateo y facilidades de pago. El ENRE dispuso que su Gerencia de Atención al Usuario atienda reclamos y que las distribuidoras habiliten líneas directas para consultas.

Pregunta de fondo

¿Estamos ante una decisión centralista que, bajo el argumento de “modernizar” la facturación, termina garantizando beneficios extraordinarios a las distribuidoras mientras traslada el costo social a millones de usuarios?
Si el modelo se replica en las provincias, el impacto podría ser devastador para economías familiares que ya destinan gran parte de sus ingresos a pagar la luz.

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