por José Guillermo Alfonso
Tras la pandemia, el agotamiento docente ha escalado de estrés a urgencia psiquiátrica. Mientras el Estatuto provincial ofrece un marco teórico perfecto, la realidad en las escuelas se debate entre el silencio cómplice y la burocracia que estigmatiza.
La pandemia nos dejó cicatrices que van más allá de lo económico o lo sanitario; nos dejó un sistema educativo con las costuras a punto de reventar. Durante el confinamiento, la comunidad educativa sufrió una metamorfosis forzosa: los padres tuvieron que aprender a ser tutores pedagógicos y los docentes se convirtieron en soportes técnicos y emocionales 24/7. Fue una época de aprendizaje brutal sobre la brecha digital, donde compartir un único celular entre tres hermanos no era la excepción, sino la regla.
Pero esa adrenalina de la emergencia pasó, y lo que quedó fue el residuo tóxico del agotamiento crónico. Hoy, a estas alturas del año, el “docente taxi” que corre de una escuela a otra no solo carga con carpetas y planificaciones; carga con una presión psicológica que ya no se cura con vacaciones.
EL TABÚ DEL “ESTÁ LOCA”
Caminar por los pasillos de nuestras instituciones revela una realidad incómoda: el desequilibrio mental frente al aula. Vemos colegas que gritan desmedidamente, que lloran en la sala de profesores o que, simplemente, se han desconectado de la realidad.
El diagnóstico de pasillo es cruel y simplista: “Esa profesora está loca”. Se dice en voz baja, con miedo. Pero nadie se juega. Nadie firma la nota. Nadie activa el protocolo real. Hablamos hasta el cansancio de Educación Emocional en las jornadas institucionales, llenamos planillas y escuchamos capacitaciones, pero a la hora de la verdad, no comprendemos ni aplicamos la empatía básica con el colega que se está derrumbando frente a nosotros.
LA LETRA MUERTA DEL ESTATUTO
El Estatuto del Docente de la Provincia de Corrientes es, en teoría, impecable. Establece claramente la necesidad de exámenes psicofísicos periódicos, licencias por salud (con goce de haberes según la gravedad) y la garantía de estabilidad laboral siempre que se conserve la capacidad psicofísica.
En los papeles: Existe la Junta Médica, la contención y el derecho a sanar.
En la práctica: Existe el miedo. Miedo a que pedir ayuda psiquiátrica sea una mancha en el legajo. Miedo a los descuentos injustificados. Miedo a directivos que, desbordados y sin herramientas reales de contención, prefieren “estirar” la situación hasta fin de año antes que enfrentar el conflicto administrativo.
La institución, muchas veces, elige el silencio. Y ese silencio es peligroso. Un docente sin salud mental no solo se daña a sí mismo; afecta inevitablemente al alumno, rompiendo el vínculo pedagógico y convirtiendo el aula en un campo minado.
No se puede seguir fingiendo que la salud mental docente es un asunto privado. Es una cuestión de política pública y responsabilidad institucional.
Si el Estatuto nos da las herramientas y todos vemos las señales de alerta, ¿por qué elegimos mirar para otro lado? ¿Somos cómplices por indiferencia o víctimas de un sistema que prefiere docentes rotos antes que docentes de licencia?
