El Concejo Deliberante de Corrientes aprobó un aumento del boleto urbano del 46%, llevándolo a $1.890. Aunque menor al pedido empresarial, el ajuste golpea fuerte a los trabajadores y expone un modelo de transporte sin competencia ni mejoras.
El Concejo Deliberante de Corrientes aprobó un aumento del boleto urbano del 46%, llevándolo a $1.890. Aunque menor al pedido empresarial, el ajuste golpea fuerte a los trabajadores y expone un modelo de transporte sin competencia ni mejoras.
En una sesión marcada por ausencias, abstenciones y críticas opositoras, el Concejo Deliberante de Corrientes aprobó el aumento del boleto urbano a $1.890, un salto del 46% respecto a la tarifa anterior de $1.290. Aunque el monto quedó por debajo del “boleto técnico” de $2.370 que exigían las empresas, el impacto en el bolsillo de los trabajadores es innegable.
La medida se justifica en el marco de la Emergencia Vial y la crisis del sistema de transporte urbano, pero lo que se revela es una lógica de ajuste que prioriza la rentabilidad de un sector monopólico por encima del acceso ciudadano. Las empresas no compiten: imponen. Y los usuarios, que dependen del colectivo para trabajar, estudiar o cuidar de sus familias, quedan atrapados en un servicio ineficiente, caro y sin alternativas.
La audiencia pública previa al aumento tuvo apenas 7 inscriptos, de los cuales solo 6 participaron. Un número que habla de la desconexión entre las decisiones políticas y la ciudadanía. ¿Cómo puede legitimarse un aumento de esta magnitud sin una participación real de los afectados?
La concejal Mercedes Franco Laprovitta lo dijo sin rodeos: “Una vez más es un ajuste al bolsillo de los vecinos, con un servicio totalmente ineficiente”. Y tiene razón. Porque el problema no es solo el precio, sino la calidad del servicio, la falta de controles, y la ausencia de una política pública que garantice transporte digno.
Este tarifazo no es un hecho aislado. Es parte de una tendencia nacional donde los subsidios se recortan, los costos se trasladan al usuario, y los empresarios del transporte siguen operando sin competencia ni exigencias. En Corrientes, como en tantas otras ciudades, el precio del boleto sube, pero la calidad del servicio no mejora.
La pregunta que queda flotando es incómoda pero necesaria: ¿quién representa realmente a los usuarios en estas decisiones? Porque si el Concejo aprueba aumentos sin exigir mejoras, sin auditar costos, y sin garantizar participación ciudadana, entonces no estamos ante una política de transporte: estamos ante una política de abandono.
