CIUDADANOS IMPULSAN DENUNCIA PENAL
Un grupo de ciudadanos capitalinos decidió presentar ante la justicia una denuncia penal contra el actual intendente de la capital y diputado provincial electo, Eduardo Tassano, y el secretario coordinador de gabinete municipal —también diputado electo— Hugo “Cuqui” Calvano.
La presentación se da en un contexto de inacción del Ministerio Público Fiscal, que no habría actuado ante supuestos delitos de acción pública. Ante esa omisión, los particulares decidieron avanzar por cuenta propia, amparados en el derecho constitucional de denunciar hechos que consideren ilícitos.
Las pruebas: “a la vista”
Según los denunciantes, las pruebas están a la vista y son de carácter público. La denuncia apunta a presuntas irregularidades cometidas durante la gestión municipal, aunque por el momento no trascendieron los detalles específicos de los hechos ni el fuero en el que se radicó la causa.
La decisión de judicializar el caso se da en un momento político sensible: ambos funcionarios acaban de ser electos como diputados provinciales, lo que les otorga fuerza institucional, pero también mayor exposición pública.
Ceguera judicial y fueros: el blindaje oficialista
La urgencia de los ciudadanos no está vinculada a una posible desaparición de pruebas documentales, sino al evidente andamiaje de protección judicial que el oficialismo le garantiza a sus militantes. La ceguera judicial frente a hechos que podrían constituir delitos de acción pública genera malestar y desconfianza.
“Aunque la causa se arrastre por un plazo interminable, Tassano y Calvano podrán disfrutar de los fueros por un tiempo determinado”, aseguran. Pero ese blindaje tiene fecha de vencimiento: cuando finalice el mandato, deberán enfrentar —si la justicia decide actuar— los cargos que hoy se les imputan.
Delitos que afectan el interés general
La gravedad de la denuncia abarca un rosario de delitos de acción pública, por haber afectado el interés general y el orden social. Se trata de hechos que el Estado, a través del Ministerio Público, debería investigar y juzgar de oficio, sin necesidad de que un particular o perjudicado los denuncie previamente.
Además, estos supuestos delitos revisten características de dolo y corrupción, y alcanzan figuras como el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el desrespeto a normativas constitucionales. La omisión judicial frente a estos hechos no solo erosiona la confianza institucional, sino que pone en duda la vigencia efectiva del Estado de Derecho.
