Mañana viernes a las 10 horas, se realizará una concentración de empleados municipales, en la plaza Rubén Darío Casco. La movilización tiene por objeto manifestar el rechazo a la ejecución de actos administrativos del Ejecutivo, que atenta contra derechos adquiridos legalmente, afectando a ochocientos trabajadores del municipio.
La gestión Tassano, desde el inicio, dio muestras de la intención de “desprenderse” de todos aquellos empleados municipales que fueron promovidos, contratados o designados por Fabián Ríos, su antecesor en la titularidad del Ejecutivo municipal.
El interés por generar vacantes y hacer “caer” resoluciones y ordenanzas por la vía judicial, quedó en evidencia al momento de la realización del Censo de Personal Municipal. Un mecanismo ajeno a las normas administrativas y ejecutado por personal cuya responsabilidad e idoneidad están en tela de juicio. Sin valor jurídico, el operativo sirvió para identificar las futuras “víctimas”.
GENERANDO INSEGURIDAD JURÍDICA
Tassano se embarcó en una argucia gestada en las “mentes brillantes” que se mudaron al Palacio Municipal el 10 de diciembre de 2017. La movida pergeñada, apunta a la “lesividad” que supuestamente produjeron actos administrativos ejecutados por la administración Ríos, al contratar y/o efectivizar en planta permanente a poco más de 800 empleados municipales.
Es evidente que el Estado, cuya continuidad jurídica es innegable, no puede avanzar sobre los derechos adquiridos, admitiendo supuestos errores de su propia administración. No se trata de las personas, Ríos o Tassano, se trata del Estado: el Municipio.
Además, el uso de considerandos que aluden a procedimientos “incumplidos”, son el espejo manifiesto de la comisión de los mismos errores palmariamente documentados en cada una de las resoluciones rubricadas por el actual intendente que “designa”, “contrata”, “promueve” a nuevos empleados municipales sin cumplimentar lo que la norma manda taxativamente.
LA JUSTICIA EN LA MIRA
No debe ser sin sentido, la sospecha de que una Justicia amiga, convalide la violación de derechos adquiridos y la implementación de prácticas administrativas generadas en la “improvisación”.
No hay valor jurídico argumental que justifique en la “praxis” que el empleador someta a interrogatorio a su personal, a efectos de requerirle “pruebas documentales” de los procedimientos administrativos que por lógica, deberían estar en pose de quién tiene el poder de administración.
UNA CACERÍA
Habrá, seguro algún caso excepcional, en el que los errores administrativos sean insanables. Pero, no es responsabilidad del trabajador, velar por el cumplimiento de las normas de designación, ni preservar la documentación relacionada.
El empleado, que en razón de su estatus, cumplió cabalmente con sus obligaciones y funciones, y está en posesión de elementos de prueba atendibles -un recibo de sueldo por ejemplo-, no puede ser víctima de una maniobra que bajo la excusa de “lesividad”, pretende dejar sin trabajo a ochocientos empleados con derechos adquiridos.
