AL FILO DE LA JUSTICIA

Soto Dávila y Fresneda han caído en desgracia. El juez está acusado de liderar una “asociación ilícita”. El “aspirante” a juez, a pesar de tener “acuerdo”, podría no ser designado por el Senado.

Será un final de semana cargado de tensión para ambos funcionarios judiciales. En Buenos Aires, desde los medios y hasta por las “usinas” políticas, se vaticina que Carlos Soto Dávila está muy comprometido y que Gustavo Fresneda pierde votos de respaldo en el senado para su designación como Juez Federal en Paso de los Libres. 

FAMOSOS EN LOS MEDIOS

El portal LPO publicó hace pocas horas una nota dónde analiza la crítica situación de ambos funcionarios judiciales (VER).

El medio especializado y habitualmente bien informado, manifiesta la posibilidad de que Fresneda no obtenga los votos necesarios en el Senado, la próxima semana, cuando el cuerpo deba votar por su designación ala frente del Juzgado Federal de Paso de los Libres.

En referencia al juez Soto Dávila, detalla las complicadas relaciones de poder y corrupción, que dieron marco a la apertura de un proceso en el Consejo de la Magistratura -no es el primero- y fundamentan los cargos que el Juez Torres le “achaca” al magistrado correntino.

COLOMBI EN EL MEDIO

Ricardo Colombi acrecienta a su “curriculum” otra situación, por lo menos sospechosa, fruto del ejercicio del poder. Al ex gobernador se le adjudica estrechas relaciones con Soto Dávila y varias gestiones para garantizar la designación de Gustavo Fresneda.

Varios voceros han manifestado discretamente, que la movida de la investigación a Soto Dávila y el posible fracaso de la designación de Gustavo Fresneda, esta motorizada por un sector del gobierno nacional que apunta a Ricardo Colombi.

FINAL IMPREVISIBLE

Las consecuencias en las que pueden derivar las dos situaciones que tienen como protagonistas a Soto Dávila y Fresneda son de una trascendencia institucional y política que bordea el escándalo. 

Nadie puede negar que el colectivo de magistrados y funcionarios judiciales mantienen fluidas relaciones con miembros del ejecutivo y el legislativo; y no siempre esos “contactos” están relacionados a cuestiones institucionales. En la sociedad está latente la sospecha de que el “tráfico de influencias” garantiza actividades ilícitas que tienen como protagonistas a todas las partes involucradas.

También, por efecto de los hechos, el clima interno de la Justicia correntina está enrarecido. Al parecer, no son pocos los que temen que la “limpieza” se extienda desde el fuero federal al local.

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