Un exclusivo “country” habría sido elegido como opción de descanso o residencia permanente de varios políticos y funcionarios.
De que cada uno tiene derecho a elegir cómo vivir y dónde, no hay ninguna duda. La cuestión abriga interrogantes, si el lugar elegido, es el preferido de “poderosos” y, con más razón todavía, si el emprendimiento inmobiliario podría ser la iniciativa de un asiduo contratista del Estado.
EL DERECHO…
Y vale la ratificación: derecho a elegir cómo y dónde vivir. Eso depende de los recursos que uno posee para afrontar una inversión considerable en épocas de crisis.
Crisis, que al parecer, no afecta a quienes pueden invertir entre 30 y 70 mil dólares en un “terreno”, sin contar el valor de la construcción de una vivienda que deberá respetar ciertas normas que el proyecto inmobiliario impone.
Cuando uno decide “instalarse” en un barrio privado, busca no estar a la vista de todos; por lo menos de aquellos que no se asemejan a uno en determinadas condiciones; el poder económico, por ejemplo, no está dispuesto a compartir vereda con alguien que no tenga su “estatus”.
LA RAZÓN…
Políticos, funcionarios y empresarios, forman parte de la élite que debe tomar decisiones. Quizá eso justifique que la proximidad de residencia, acorte las distancias o, iguale el ámbito en el que habitan para que la misma sensación de “ser diferentes” no se limite al despacho laboral o gubernamental, territorio dónde ejecutan cotidianamente sus responsabilidades.
Está muy bien que puedan hacer realidad la posibilidad de disfrutar un paisaje especial. Rodeados de naturaleza; dónde no podrán ser incomodados, ni por casualidad.
Quizá, en ese entorno, la disminución de la fatiga que se origina en las exigencias del ejercicio de la función pública; la representación popular; o la administración empresarial, colabore para un mejor y mayor rendimiento, a la hora de contribuir para el bienestar general.
EL MEDIO…
Nadie regala nada. Menos, terrenos. Quién puede los compra. Quién los tiene, los vende; pero no a cualquiera.
Si el proyecto, los terrenos, los vendedores y los compradores, por casualidad están relacionados o, hubiera algún punto de contacto entre la función pública y algún proveedor del estado, puede ser una cuestión menor. En tanto y en cuanto todo esté debidamente registrado y declarado.
