La DPEC perpetúa su cortocircuito con la realidad. Va por otro aumento de tarifas en medio de cuestionamientos de los usuarios y de deudas impagas. Sin marco jurídico institucional desde que está intervenida sine die acumula actos carentes de legalidad. Mucha tela para cortar y poca energía para brindar
La falta de capacidad gerencial y técnica agudizan el cortocircuito con la realidad que caracteriza a la empresa provincial distribuidora de energía.
Portadora de irregularidades injustificadas que, a su vez, son fomentadas y sostenidas por el Ejecutivo provincial, la empresa estatal no deja de generar actos nulos de nulidad absoluta.
Además, todavía es una deudora -casi incobrable- por los montos que deberá devolver a los usuarios debido al cobro ilegítimo e ilegal por la aplicación de una tarifaria que implicó un juicio cuya sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación favoreció a los usuarios.
CORTOCIRCUITO CON LA REALIDAD
No ha pasado mucho tiempo desde que se concretara la “Audiencia Pública” convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad. Fue en la localidad de Concepción, el pasado 15 de febrero.
La intención de “cumplir” con las normas, visando explicar a los usuarios interesados sobre el nuevo Cuadro Tarifario a ser aplicado en el corriente año, se convirtió en la exposición inocultable de una conjunción de errores y vicios técnicos, administrativos y jurídicos.
En consecuencia y tal como lo planteara la Asociación de Usuarios y Consumidores, ésta “audiencia” es nula de nulidad absoluta. En palabras simples “a confesión de parte, relevo de pruebas“.
La precariedad desbordaba cada manifestación de los funcionarios de la DPEC (Dirección Provincial de Energía); de los representantes de la Secretaría de Energía del gobierno provincial; del EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad). Las garantías institucionales y jurídicas brillaron por su ausencia. A pesar de la penumbra que la DPEC irradia.
UNA IMPROVIZACIÓN OSCURA
Podría señalarse que el sentido común es una carencia efectiva y alarmante de los funcionarios de todas las reparticiones relacionadas con la cuestión.
Reiterando la práctica de fijar la sede de la “audiencia” en localidades distantes de la ciudad capital, con el único objeto de que asistan menos usuarios o personas e instituciones con capacidad y derecho a cuestionar.
Sin embargo, no pudieron evitar la concurrencia de una veintena de amas de casa que, blandiendo sus “boletas de la DPEC” irrumpieron en el salón poniéndole rebeldía y alto voltaje a la protesta.
Tensa situación que provocó el “refuerzo” de efectivos policiales. Más que nada, para custodiar a los impávidos funcionarios que no pueden explicar sus desaciertos y abusos. Ilegales, sobre todo.
LOS MOTIVOS DE LA NULIDAD EXPLÍCITA
No es necesario ser abogado para razonar el precepto de igualdad ante la ley. Las leyes están para ser cumplidas. Igual, los fallos de los tribunales superiores.
No hay fundamento jurídico; razón administrativa; ni justificación técnica que avale la legalidad, a todos los efectos, del accionar de la DPEC a través de sus funcionarios, administradores, gerenciadores o interventores.
La institución es autora y actora de una secuencia de actos ejecutados sin sustento jurídico o validez legal.
Esa condición de “ilegal” pone en jaque todo el andamiaje institucional del estado correntino. Teniendo ya, inclusive, consecuencias vergonzosas para la imagen republicana de Corrientes y las condiciones éticas y capacidades académicas de los miembros del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes.
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