La ineficacia del gobierno es doblemente perjudicial, cuando además de reconocer que es incapaz de cobrar la energía que consumen ciertos sectores sociales, aplica aumentos en la tarifa eléctrica “castigando” a los usuarios que cumplen religiosamente abonando su factura de luz.
El gobierno que encabeza Gustavo Valdés mantiene los vicios que por años, Ricardo Colombi impuso como modelo de gestión, basado fundamental en tres premisas: el abuso de poder; la precariedad institucional; y una distribución inequitativa de privilegios y excepciones que han perjudicado mayoritariamente a los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones.
Cuando una administración dispone caprichosa e ilegalmente de los recursos que por “deber” la ciudadanía aporta, la continuidad jurídica del Estado se convierte en un compendio de normas inservibles y la anarquía que ejerce el poder de turno se consume todos los derechos básicos consagrados en la Constitución.
IMPROVISACIÓN Y DEMAGOGIA
Ricardo Colombi -gobernador- y, Enrique Vaz Torres y Aníbal Godoy -ministros-, suscribieron el 24 de noviembre del año pasado el Decreto 2833 (Ver), por el que se crea el Fondo de Asistencia al Consumo de Energía Eléctrica (FACEE).
El instrumento legal determina que el Ejecutivo Provincial destinará mensualmente y por el periodo de dos años, una suma equivalente al costo de 221.600 MWh que será transferido a la DPEC. La energía consumida corresponde a los usuarios residentes en los barrios o zonas incluidos en la categoría tarifaria T18s. El monto “comprometido” ascendía en esa fecha a $ 15.600.000 (PESOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS MIL).
Los consumidores incorporados al beneficio de la T18s, serían residentes de “asentamientos informales” o “villas” y comprenderían aproximadamente entre 6.500 y 7.000 familias; información ésta que la DPEC manifiesta en el segundo párrafo de los considerandos, y que fuera determinada -así lo expresa el ente provincial- mediante los datos obrantes en una publicación periodística extraída de un matutino local.
INEFICACIA MANIFIESTA
Las actuaciones obrantes en el Expediente 875-28-04-02468/2017, caratulado “SUB-GERENCIA COMERCIAL REF. SITUACIÓN DE MEDICIONES TOTALIZADORA DE PEQUEÑAS DEMANDAS”, evidencian la inoperancia de la Sub-gerencia Comercial, reconociendo explícitamente en el primer párrafo de los considerandos que desde el año 2001 la gestión “se ha centrado fuertemente en la disminución de las denominadas PÉRDIDAS NO TÉCNICAS -PNT- , pero que las acciones técnico-comerciales desarrolladas han resultado particularmente dificultosas y de resultados exiguos”. Es decir, en palabras simples, en 15 años no han podido disminuir el número de usuarios “enganchados” que consumen energía eléctrica sin pagar por la misma.
MUTACIÓN DE RECURSOS
El Decreto establece en su artículo 1° que el Fondo creado, tiene por finalidad, cubrir el costo que genera la demanda del consumo de los barrios y zonas incluidas en la denominada Tarifa T18s del cuadro tarifario de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).
Sin embargo, en el artículo 3°, establece imperativamente que los recursos asignados deberán ser utilizados “en primer lugar” para cancelar las obligaciones que existieren con el IPS, Mutuales y Obras Sociales del personal de la DPEC.
Lo expuesto en el instrumento administrativo, implica el reconocimiento de por lo menos el incumplimiento de normativa legal, referente al destino de los recursos que por aportes jubilatorios y de obra social son devengados del salario de los empleados mensualmente. ¿Si el Estado reconoce la existencia de deudas previsionales y aportes a la obra social, cómo explica el destino de los fondos descontados de los haberes del trabajador con asignación específica?
Más grave aún, es la contradictoria asignación de recursos para un fin y, en el mismo instrumento especificar un destino o uso diferente para el que fuera instaurado.
PAGAR SIEMPRE Y CADA VEZ MÁS
Los ciudadanos que cumplen de manera responsable con el pago de los servicios que consumen, por efecto de la suma del poder público, deberán continuar financiando con sus recursos la administración desprolija, amañada y en el límite de la ilegalidad que imponen los funcionarios de turno. Otra vez y como casi siempre, la LEY es ignorada y maltratada vía “decreto”.
