Por una decisión unilateral, el Intendente Fabián Ríos, decidió otorgar una “contribución convencional mensual” equivalente a $ 450.000, para la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, destinados a “contribuir a su sostenimiento institucional”.
Al mediodía del 26 de septiembre, se reanudó la reunión de la COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE, que pasara a cuarto intermedio el martes 12 del mismo mes. En ese cónclave, el municipio estuvo representado por los funcionarios del ejecutivo Irma del Rosario PACAYUT, Pedro Ramón LUGO y Rodrigo Martín MORILLA; por el Concejo Deliberante estuvieron la edil Miriam SOSA y el secretario Ricardo BURELLA; y el delegado normalizador por COEMA a cargo de la Intervención de la AOEM, Juan Nicolás FELTES. De acuerdo a lo obrante en “acta”, se resolvió aprobar por unanimidad todas las propuestas del Ejecutivo Municipal referentes a los reclamos salariales planteados por la entidad sindical en petitorio. Hasta ahí, todo perfecto, el gremio pide aumento y el ejecutivo propone un “programa de recomposición salarial escalonado” sujeto -y se deja constancia- a que cesen las “retenciones de coparticipación”.
INTENDENTE GENEROSO
Fabián Ríos tuvo un gesto piadoso o tomó una decisión irresponsable. Comprometer 450 mil pesos de las alicaídas arcas comunales para solventar el funcionamiento institucional de un gremio intervenido, no se condice con el interés de los vecinos contribuyentes, que en definitiva son los que “bancan” con el pago de sus impuestos estas medidas que no se condicen con una función especifica del municipio.
El Intendente hizo política. Mala política. Y peor, con dinero “ajeno”. Los recursos del municipio deben -no solamente pueden- ser usados para las atribuciones concretas de un municipio. Gremios? No. Esas instituciones representan a los trabajadores, no a los contribuyentes. Y como “personas jurídicas” -ajenos a la estructura normativa del municipio- que son, tienen mecanismos propios para “recaudar” fondos que garanticen su funcionamiento institucional. Es decir, el gremio representa a los trabajadores del municipio pero, como entidad sindical no forma parte del organigrama funcional de la comuna. Porqué y para qué “subsidiar” con dinero de los contribuyentes a una entidad gremial?
HUELE MAL
En enero del corriente año, la FESTRAMCO -Federación de Trabajadores Municipales de Corrientes- decidió intervenir la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes. La medida estaba directamente relacionada a una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación. Por ese entonces, Jorge Molina -Secretario General del sindicato-, públicamente ya definía la intervención como “dada en un contexto extraño y relacionada a intereses políticos” y agregaba “acá la afectada es Graciela Flores y los compañeros, ella acató la intervención para evitar que designen a alguien de Buenos Aires” –ver-. Sin embargo, al designarse a Antonio UGOLINI -se sabe, mano derecha de Pedro Lugo- afloraron los cuestionamientos desde todos los sectores. Fundamentalmente porque el flamante “interventor” era, a criterio de varios agremiados, “juez y parte” por haber sido asesor de la gestión “intervenida”.
A pesar de las promesas de que en plazo prudencial se llamaría a elecciones para “regularizar” la situación, la intervención pasó de ser provincial a federal. Sí, Pedro Lugo, el Secretario de Relaciones Laborales del municipio y a su vez Secretario de Relaciones Institucionales de la COEMA – Confederación de Empleados Municipales de Argentina- logró -no puede negar participación- que la entidad intervenga el gremio local y designe a un delegado normalizador, responsabilidad que asumió Juan Nicolás FELTES. Es decir, una cuestión local, se convirtió en un problema federal. Sin embargo, hasta hoy, nadie sabe explicar los motivos por los cuales el Ministerio de Trabajo de la Nación, dos años después de realizada una elección, decidió “instruir” a la FESTRAMCO, para que se intervenga el gremio de los trabajadores municipales de la Capital.
CUESTIÓN DE PLATA
Muchas son las versiones, sobre todo en cuanto al “pasivo” que arrastra el gremio en cuestión. Algunas fuentes ponen la cifra de $ 14 millones que no se sabe dónde están. Otros, apuntan que el “rojo” del gremio alcanzaría la friolera de $ 30 millones. De todas maneras, hay organismos gubernamentales que deberían tener conocimiento de por lo menos los “balances”, dibujados o no, pero a resguardo de acuerdo a la función que les cabe cómo organismos de contralor de las personas jurídicas, en éste caso la AOEM.
Y AL FINAL… PAGAN LOS VECINOS
Pasó de todo. Una resolución ministerial de orden federal. Dos intervenciones. Una promesa de “pronta normalización”. Pero, en definitiva, gracias al Intendente Fabián Ríos, los contribuyentes que en éste caso puntual “ni la comen ni la beben”, solventan con sus impuestos, el mantenimiento de un gremio que si no está en la nebulosa de lo ilícito, roza los límites de un negociado.
