El presidente Macri, por Decreto, intenta minimizar una ilegalidad. Premisa, proteger a los funcionarios.
Mauricio Macri intenta dar un viso de legalidad a actos administrativos del ministro de Transporte Guillermo Dietrich y el ex director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel. Ambos funcionarios rubricaron Resoluciones por las cuales se prorrogaron las concesiones de explotación y mantenimiento de los “corredores viales”. El Decreto 659/19, da por finalizadas las “prorrogas” otorgadas a las concesionarias y transfiere la operación y mantenimiento a una “empresa” estatal constituida como sociedad anónima.
UNA POCO DE HISTORIA
Las concesiones de los “tramos” de rutas nacionales bajo el régimen de peaje, fueron otorgadas en el 2010. El plazo por el que empresas privadas debían asumir el mantenimiento de las mismas y, consecuente explotación, era de seis años. En el 2016, fecha de su vencimiento, podía prorrogarse por 12 meses. Operada la prórroga, debía llamarse a licitación.
Sin embargo, Javier Iguacel -capo de Vialidad Nacional-, impulsó la prórroga vía Resolución “ad referendum del Poder Ejecutivo”. En sintonía con la maniobra, Guillermo Dietrich -ministro de Transporte- “pisó” el instrumento administrativo, sin dar prosecución al proceso correspondiente: su remisión a la Presidencia de la Nación junto al dictamen jurídico básico.
El ardid permitió que durante 29 meses, las empresas concesionarias continuaran con la explotación de los corredores viales; pero también, sin que se pudiera constatar la concreción del nivel de trabajos de mantenimiento y mejoras que debían ejecutar como contrapartida.
LA NORMA SIN LEY
A contramano de la legalidad, haciendo prevalecer una Resolución sobre lo que establecía la ley, los funcionarios ejecutaron un acto lesivo a los intereses del usuario.
El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el ex Director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, fueron denunciados hace dos semanas y han sido imputados por “ampliación ilegal e ilegítima del plazo de contrato de las concesiones por peaje“.
El acto administrativo que permitió a las concesionarias, no solamente seguir “cobrando” el peaje, sino también ser beneficiadas con aumentos de la tarifa que en promedio representan un 100 % en los últimos 12 meses, sería nulo de nulidad absoluta.
POR CONVENIENCIA, SIN CONVICCIÓN
La macrista Ingrid Jetter, delegada regional de la DNV, y actual candidata a diputada nacional, manifestó en reiteradas oportunidades “no encontrar justificación alguna para la prórroga de las concesiones”.
Sin embargo, a pesar de haber expresado la reticencia a que se ejecuten las prórrogas, prefirió mantenerse en el cargo y cumplir cabalmente con el mandato de “obediencia debida”.
Jetter no ignoraba la “inconsistencia jurídica” de las acciones que sus superiores ejecutaron. Era tal el nivel de “informalidad e improvisación”, que la referente del PRO Corrientes, en varias oportunidades realizó anuncios que no se concretaron.
El año pasado, aseguró que a partir del 1 de diciembre, la empresa con mayoría accionaria estatal “Corredores Viales S.A.”, se haría cargo de los tramos concesionados en el denominado Corredor N° 6. Su anuncio se concretó recién hoy; y a consecuencia de la necesidad de “tapar” una ilegalidad que devalúa la transparencia del “mejor equipo de los últimos cincuenta años”.
MACRI MINIMIZA ILÍCITO
El presidente Mauricio Macri, rubricó el Decreto 659/2019, que fuera publicado hoy en el Boletín Oficial, por el cual otorga la concesión a la empresa “Corredores Viales Sociedad Anónima”.
La medida llega tarde si la misma obedece a la intención de proteger a dos de sus funcionarios. Se desprende en el tenor de la redacción, que el objeto del instrumento quedó en abstracto.
No es la primera bravuconada que la gestión Macri impulsa en éste ámbito. Quizá tampoco sea la última.
