por Inocencio D´Laestaca
Cuando los concejales se convierten en intermediarios entre los vecinos y el Ejecutivo, algo falla en la arquitectura institucional. La gestión no se fortalece con recorridas, sino con control, legislación y transparencia.
En una ciudad donde el oficialismo controla dos tercios del Concejo Deliberante, uno esperaría que la institucionalidad funcione como corresponde: con concejales que legislan, debaten, y controlan al Ejecutivo. Sin embargo, el presidente del cuerpo, Marcos Amarilla, ofrece una definición que revela una preocupante distorsión del rol: “Ese contacto directo con los vecinos es fundamental, escuchar sus inquietudes, recepcionar sus demandas y luego trasladarlas al Departamento Ejecutivo para agilizar las respuestas…”.
¿Mensajeros del reclamo barrial? ¿Intermediarios entre el vecino y el intendente? ¿No es acaso esa la función de los funcionarios ejecutivos, que cobran sueldos altos para gestionar servicios básicos como iluminación, recolección de residuos o tránsito? ¿Y no debería el concejal estar legislando, fiscalizando, proponiendo ordenanzas, y sobre todo, controlando al Ejecutivo?
LA CONFUSIÓN FUNCIONAL
La frase de Amarilla no es ingenua. Es parte de una estrategia discursiva que convierte al Concejo en una extensión del Ejecutivo. Los concejales oficialistas no ejercen control: acompañan, justifican, y en muchos casos, encubren. La recorrida por los barrios se transforma en una postal de campaña, mientras los problemas estructurales se acumulan sin tratamiento legislativo. No hay debate profundo sobre el presupuesto, ni exigencia de rendición de cuentas. Hay gestión superficial, y una institucionalidad anestesiada.
¿PARA QUÉ SIRVE ENTONCES EL CONCEJO?
Si los concejales se limitan a llevar reclamos al Ejecutivo, ¿para qué existe el Concejo Deliberante? ¿Para qué se votan ordenanzas? ¿Para qué se discuten proyectos? ¿Para qué se pagan dietas si la función se reduce a ser antena de demandas básicas? La política municipal se vacía de contenido cuando los representantes se convierten en operadores territoriales del intendente. Y en Corrientes, esa dinámica se ha naturalizado peligrosamente.
EL LLAMADO A RECUPERAR EL SENTIDO INSTITUCIONAL
La ciudadanía debe exigir que sus representantes cumplan su rol. Que legislen con autonomía, que controlen con firmeza, que propongan con creatividad. Recorrer barrios es valioso, pero no puede ser el eje de la tarea legislativa. El Concejo Deliberante no es una oficina de reclamos, es un órgano de poder. Y cuando ese poder se entrega al Ejecutivo sin resistencia, la democracia local se debilita. Es hora de recuperar el sentido institucional, antes de que el decorado se convierta en norma.
