miércoles 30 noviembre 2022

OTRA DEUDA DEL GOBIERNO

Valdés no consigue “tapar” otra deuda del gobierno. Retirados y pensionados de la Policía Provincial y del Servicio Penitenciario aguardan respuestas. Los legisladores están al tanto pero, habrá que esperar órdenes del mandamás

Desde hace años, los retirados y pensionados de las fuerzas de seguridad provinciales manifiestan su reclamo por una justa actualización de sus haberes jubilatorios.

La burocracia y la insensibilidad del gobierno, ejecutada de facto por el Instituto de Previsión Social, hacen gala de insensibilidad y ausencia total de empatía.

La falta de dialogo es una barrera insalvable. Pero los damnificados no cesan en hacer público su reclamo.

OTRA DEUDA DEL GOBIERNO

Desde febrero el gobierno tiene sobre su “escritorio” el documento en el que se exponen las peticiones de la AGREPOL.

Solicitan la Conformación de una Mesa Técnica de Enlace; Mejoras en la Escala Salarial acorde a la inflación; Conversión en Puntos de los Adicionales Remunerativos no Bonificables; creación de un Gabinete de Atención Psicológica.

Además, en la misma presentación se plantea el abordaje de reclamos puntuales como ser un aumento en el ítem “Riesgo Profesional”; la revisión del concepto “Presentismo” al que solicitan agregar los porcentajes correspondientes por antigüedad y bonificación por título; la liquidación de horas extras por el exceso de carga horaria; y el cumplimiento del precepto de anualidad para ascensos que no se cumplen en tiempo y forma.

DETALLES A TENER EN CUENTA

Los reclamos por vía “contenciosa administrativa” se convierten en procesos que duran varios años. Sin embargo, las resoluciones a favor de los reclamantes, tienen como antecedentes fallos judiciales, inclusive del Superior Tribunal de Justicia, reconociendo derechos de los actuantes.

Los agentes de la Policía y del servicio Penitenciario provincial, no son considerados como “fuerzas de seguridad“. Es decir, su situación de revista “administrativa” es la de trabajadores de la “seguridad pública“, condición que los asimila a la de otros agentes de la administración pública provincial.

Por lo cual, sus derechos -de rango constitucional- como ser peticionar, organizarse gremialmente y hasta hacer efectivo el derecho a huelga no deberían ser observados por el “empleador” como acciones ilegales.

UNA REALIDAD QUE POCOS CONOCEN

Tal vez el ciudadano no sepa que, en el caso de los miembros de la policía, los mismo cumplen cuatro funciones concurrentes. Son los responsables de la Seguridad General; Prevención y Represión del Delito; y además, Auxiliares de la Justicia.

Nunca un policía cumple un horario de ocho (8) horas diarias. Siempre son más horas. Y, por si fuera poco, para complementar sus ingresos mensuales debe realizar “adicionales”.

La “changa” para poder alcanzar un nivel de ingresos aceptables es en “negro“. Sí, los “adicionales” no se abonan en blanco. Tampoco tienen la cobertura legal que corresponde de acuerdo a la actividad desarrollada.

El monto por “Racionamiento” es de $ 733,33 (PESOS SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES CENTAVOS) por mes. O sea, lo que el personal policial percibe para comprar su almuerzo, cena o refección, mensualmente le representa en valores diarios $ 24,44. ¿Alcanza para algo?

EL RECLAMO LLEGÓ AL LEGISLATIVO

La insistencia por parte de los perjudicados para encontrar ámbitos de abordaje a ésta problemática no se limita a las presentaciones hechas al Ejecutivo o a las acciones iniciadas judicialmente. También, ya se extendieron a los legisladores a través de notas remitidas a las diferentes “comisiones” de la Cámara Baja que tienen injerencia en el tema.

Es decir, ante la indiferencia de los “representantes del pueblo” por la problemática que ya tiene estado público hace tiempo, los reclamantes decidieron formalizar una “invitación” a que los legisladores se interioricen y tomen cartas en el asunto.

PARA MUESTRA UN BOTÓN

A pesar del pago de sueldos en término y de los “plus unificados“, subyace en la conciencia colectiva de los empleados de la administración pública, la necesidad de poner sobre la mesa situaciones que ameritan una corrección.

No es un problema solo de los policías o agentes penitenciarios pasivos o sus pensionados; también afecta el “futuro salarial” de los que están en actividad, teniendo en cuenta que tarde o temprano revistarán en la condición de “retirados“.

Quién piense que se trata apenas de una cuestión salarial deja de lado derechos adquiridos y preceptos de jurisprudencia en materia laboral y previsional que son vulnerados.

Sobre todo si el análisis de éste reclamo se extiende a planteos similares realizados desde el ámbito docente o de la sanidad.

Quizá el gobierno entienda que una mesa de discusión serviría para hacer virtuosa una relación que tiene vicios con un sector de innegable importancia en el día a día de la ciudadanía.

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