La sindicalización policial mantiene en estado “deliberativo” a los integrantes de la institución. En Corrientes, la “fuerza” se encuentra en un “limbo” legal, que no garantiza derechos ni obligaciones
Agremiarse o, ser rehén del poder político de turno, son las cuestiones que provocan el debate interno con respecto a la sindicalización policial.
Quienes cumplen las funciones de prevención, combate al delito y, además, auxiliares de la justicia, atraviesan un estado deliberativo que no solo incluye cuestiones salariales y condiciones laborales.
A pesar de que existe un “marco legal” con base en el “reglamento“, la discusión aflora buscando definiciones explicitas que le den el valor objetivo y real a los integrantes de la Policía de Corrientes.
SINDICALIZACIÓN POLICIAL
Es difícil determinar el estatus de los agentes policiales en la provincia de Corrientes. No son “fuerza de seguridad“. Se los considera servidores públicos “uniformados y con portación de armas“. Una simbiosis entre “condición administrativa” y “responsabilidades operativas“, ambas con un rol de estructura organizativa absolutamente disimiles.
Sin entrar en el análisis sobre la calidad de su formación y la capacidad profesional de los “cuadros” de la institución, es admisible aseverar que su rol en la organización gubernamental está en una “nebulosa“.
Reclamos salariales; condiciones de servicio; méritos y castigos; y, hasta trabajos adicionales, son materia de discusión dentro y fuera de la institución policial.
Pero, lo cierto es que todos los ítems que son materia de debate, dependen irremediablemente del poder político de turno.
¿QUE PIENSAN LOS MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN?
El “movimiento” que nuclea a los retirados de la Policía de Corrientes y del Servicio Penitenciario provincial, cuya vía de expresión es AGREPOL (Asociación Gremial de Policía de Corrientes), se convirtió en la herramienta “visible” para expresar cuestiones que la sociedad ignora.
En políticaencorrientes.com, esos planteos tienen un canal para hacer público lo que el poder político de los tres poderes mantienen como premisa, “ocultar” una realidad que afecta a toda la sociedad.
OPINIÓN
LA VERDADERA RAZÓN QUE PROHÍBE LA SINDICALIZACIÓN POLICIAL
Tras años de una inflación creciente, las negociaciones salariales se hicieron cada vez más conflictivas en Argentina. Entre el Gobierno que teme que los aumentos sean transferidos a los precios por los empresarios, y por su parte los gremios que pelean para que las subas del salario no sean licuadas por el incremento de precios, el escenario se complica.
De todos modos, la mayor parte de los sindicatos logró conseguir que los salarios se mantengan al nivel de la inflación y, en algunos casos, por encima. ¿Pero qué pasa con los sectores que no están sindicalizados? Como es el caso de los Policías y Fuerzas de Seguridad.
Este es el caso de miles de policías, que tras años de postergación salarial, y ante la ausencia de canales institucionales y/o interlocutores válidos para plantear sus reclamos (sindicatos o gremios), estallaron de la peor manera, en muchísimas ocasiones. “Auto acuartelamientos” de por medio, que no es tal, dado que las policías no cuentan con cuarteles como los militares, sino dependencias policiales de atención al público; los mismos se replicaron en la mayor parte de las provincias, y muchas veces estuvieron acompañados por violentos saqueos ante la ausencia de los agentes del orden en las calles, sembraron el caos en las provincias, y a veces en el país, como los ocurridos a fines del 2013, que ante tal descontrol se perdieron al menos 11 vidas.
La respuesta de los gobiernos provinciales y de las autoridades nacionales fue absolutamente un gran error, amparándose en la idea de que las fuerzas de seguridad no tienen derecho a huelga, basados según ellos en los reglamentos internos que la mayoría datan de la época de las dictaduras; entonces los acusaron de revoltosos o sediciosos, y en un primer momento se rehusaron a dialogar o negociar, por lo menos públicamente. Pero cuando la situación salió completamente de su control terminaron prometiendo aumentos, que inclusive estaban por encima de la que algunas provincias podían pagar.
Sin embargo todo esto se podría haber evitado si a las instituciones policiales y fuerzas de seguridad se las hubieran democratizadas desmilitarizadas, profesionalizadas y fundamentalmente humanizadas, otorgándole el derecho constitucional de ser representado por una asociación sindical, tal como reza la ley 23.551/88 y su Decreto reglamentario 467/88, con lo cual se podría haber canalizado convenientemente las demandas y necesidades de los trabajadores de la seguridad para sentarse a negociar con el Estado (Nacional o Provincial), según corresponda.
Tanto es así que ya, en el año 2008, en el marco de la protesta policial, tal vez una de las más graves que se haya dado en Corrientes, una vez concluido y resuelto Amnistía mediante del Poder Legislativo; se le había sugerido a los Legisladores, en su carácter de representantes del pueblo, se le hizo llegar un documento en las que se exponía claramente una reforma de las leyes y reglamentos de la policía. Sin embargo primó nuevamente las viejas artimañas que favorecen a los políticos convalidando con ello un Estado decimonónico, prefiriendo estrechar filas para sus beneficios corporativos antes que abrir un debate libre, sensato y participativo de toda las instancias o fuerzas sociales, para que cada quien pueda expresar qué tipo de policía se quiere para una sociedad que debería avanzar hacía el progreso y bienestar de toda la sociedad, que se merece una mejor calidad de vida.
Sin dudas eventos como este tipo ocurrieron durante los últimos años, tanto en nuestro país como en otros países de la región, como Bolivia, Guatemala, Perú, Brasil, etc. Y si no fueron tan críticos es sólo porque en ellos la inflación existente no les han impreso tanta presión sobre los bolsillos, de los trabajadores de la seguridad.
Es muy difícil establecer cuánto ganan los policías en las distintas provincias Argentina. No sólo porque hay provincias en los que la riqueza y la coparticipación federal es mayor que en otras, lo que genera una total asimetría en cuanto a salario real de los trabajadores de la seguridad, lo que torna injusta, para aquellos que ganan menos, contrariándose los principios constitucionales de igual remuneración por igual tarea. A ello debe agregarse que el Estado en su facultad o imperium, con capacidad de ejercer el control, respecto de los derechos y garantías de los trabajadores en general debe velar para que el salario sea abonado siempre en blanco, resulta que es el primero que vulnera este derecho, contrariando a la propia ley.
A pesar de ello, el servicio policial, es un trabajo que tiene más atractivos que otros, sobre todo teniendo en cuenta que se reclutan entre sus miembros de los sectores más postergados de la sociedad, donde son muy altos los niveles de informalidad laboral, lo que aparece como una gran opción. En este contexto, la fuerza ofrece una gran estabilidad, cierto estatus y, principalmente, algunas prerrogativas asociadas al poder que otorga ser una autoridad armada. Motivo por el cual muchos jóvenes apuestan por enlistarse para ingresar en las carreras policiales y fuerzas de seguridad.
Pero también hay que reconocer que estas compensaciones no alcanzan para garantizar un buen nivel de vida a la mayoría de los trabajadores policiales. Esta es la razón por la que en muchas ocasiones, especialmente cuando la inflación es alta y los salarios se estacionan, ya que estos trabajadores de la seguridad no poseen asociaciones gremiales que los represente válidamente, se producen esporádicamente reclamos y/o protestas que nacen a veces con una pequeña chispa para encender la mecha de grandes reclamos. El problema radica en que no tienen derecho a reclamar, conforme a las leyes y reglamentos que rigen internamente estas Instituciones (policías, Penitenciarios y fuerzas de seguridad), ante lo cuál, lo único que les queda es hacer uso de las vías directas de acción, como los levantamientos, toma de los propios edificios (jefaturas, comandos radioeléctricos, unidades regionales, etc.) que tienen una mayor representación simbólica. En otras ocasiones, llevando su reclamo ante los edificios públicos del Ministerio de Seguridad, Poder Ejecutivo, y Casa de Gobierno.
En Latinoamérica, como ya se dijo respecto de las provincias argentinas existen prohibiciones para que los trabajadores de la seguridad se organicen en asociaciones gremiales, con algunas excepciones: Uruguay y Brasil. Esta es la razón por la que en más de una provincia muchas veces son las esposas y familias de los policías los que terminan haciendo los reclamos y protestas en beneficio del policía o personal de seguridad, lo que produce una desnaturalización total de este sector laboral. Cómo es posible que otros que no son los auténticos trabajadores salgan a reclamar lo que por justicia les corresponde a los trabajadores. Es como que los trabajadores de la seguridad no hayan alcanzado aún la mayoría de edad y necesita de alguien los represente, lo cuál es totalmente ajeno a la norma suprema del nuestro Estado, ya que la C.N. es claro en su texto del Art. 14 bis.
Las causas de que la policía no esté sindicalizada en América Latina son muchas. Algunas son internas y explican por qué a veces son los propios agentes los que rechazan la posibilidad. El profundo rechazo que siente la ciudadanía hacia la policía es uno de los factores, lo que le que quita legitimidad a cualquier reclamo. En otros casos, lo que prima es la desunión entre los propios agentes. No es casual que estén divididos en oficiales y suboficiales, por algo la fuerza fue organizada con carácter clasista.
Pero la principal causa, que se debe considerar es la resistencia del poder político. Se prohíbe la sindicalización porque se considera que la seguridad es un servicio público imprescindible que no se puede dejar de prestar, es decir la seguridad es un servicio impostergable del Estsdo. Así, explican que los gobiernos necesitan tener a los policías en las calles, ya que si no están haciendo las tareas de prevención, la situación va a ser aprovechada para que se produzcan pillajes, y otras acciones delictivas como se vió hace poco en Argentina. Esta explicación, que es la que dan los políticos públicamente, no alcanza para entender los motivos. Porque sería absurdo pensar que los países europeos no conciben a la seguridad como un servicio público esencial, y sin embargo admiten la sindicalización. Hay otra causa más perversa, en las que coinciden muchos estudiosos de la Seguridad como Raúl M. Chevez, Maximo Zozzo, Jesús Rodés, Lopez Portillo, Lucía Dammert es que, ante la sofisticación de la delincuencia, los gobiernos deben destinar grandes presupuestos a la seguridad. Para limitar los gastos al mínimo buscan contener o “achatar” el salario de los trabajadores de la seguridad, tal como ocurre en Corrientes por ejemplo, la provincia con los más bajos sueldos en todo el país.
Entonces, de existir sindicatos fuertes llevarían a aumentar su poder de presión, no cabe dudas, además la historia de América Latina, atravesada por gobiernos militares, ha llevado a considerar a la policía casi como si fuera una “fuerza armada” más, lo que les confirió un estatuto muy similar al militar, de ahí los reglamentos anacrónicos y escasamente democrática.
En cambio, en Europa se los considera “funcionarios civiles en uniforme”, de lo que no existen dudas ni hacia el interior de sus agencias de coerción ni de la propia ciudadanía en general, lo que hace que se interprete sin error alguno de que sus miembros tienen un trabajo como cualquier otro. En otras palabras es considerado como un trabajador; más allá de los principios de subordinación claramente explicitadas en sus normativas institucionales que explicitan un carácter vertical.
Es por ello que, conscientes de la responsabilidad de su función, los sindicatos policiales europeos no suelen abusar de su poder. En Francia, por ejemplo, donde tienen derecho a huelga, ellos mismos lo consideran algo extremo, por lo que casi nunca recurren a esta medida, más aún porque tienen políticos que saben dialogar con sus subordinados. Lo mismo se puede decir de Inglaterra, hace algunos años la policía londinense pararon un día y fue todo un acontecimiento, para el país británico, pero mediante la rápida acción de sus políticos zanjaron la cuestión.
Otras de las causas, es que los propios gobiernos provinciales (políticos en el poder) promueven la corrupción policial generado por el hecho de que no pueden protestar de manera legal, y por tratarse de una democracia con muy poca transparencia (no hay libre acceso a la información, no hay rendición de cuentas, etc.), la salida para los bajos salarios es, siempre la peor de todas: LA CORRUPCION.
Esta es otra realidad, que podría pensarse como una consecuencia no deseada de la decisión política de pagar bajos salarios a los policías e impedirles agremiarse, Lo que es muchas veces buscado expresamente. El grado de corrupción en las instituciones policiales y de seguridad es grave, que en muchos casos, son propiciado por los políticos, que para no aumentarles el sueldo, los incitan a completar sus ingresos “recaudando” de forma ilegal. De ese modo, no sólo calman el malestar de los policías, sino que pueden utilizarlos para objetivos non sanctos.
Se cambia lealtad por tolerancia a la corrupción a cambio de incondicionalidad, los jefes políticos dejan que los agentes hagan sus ganancias. Los policías corruptos compiten para ser asignados a lugares donde hay venta de drogas, piratería y prostitución, y donde sea que puedan recaudar más dinero. Basta con leer los diarios o ver los noticieros de televisión en los que altos mandos están salpicados por todo tipo de corrupción y de crimen organizado.
Si la policía tuviera sindicatos sería más independiente del poder político, y del alto mando de dudosa reputación, ya que le dificultaría bastante estos manejos, tendrían una instancia que les garantizaría sus derechos. Por otro lado, habría un canal institucionalizado para los reclamos legítimos, lo que evitaría que se utilicen métodos de protesta irregulares como liberar zonas para que crezcan los crímenes o declarar huelgas sin necesidad.
Pero para eso sería necesaria una profunda reforma política, en la que se construya una policía o fuerza de seguridad DEMOCRÁTICA, DESMILITARIZADA, PROFESIONALIZADA Y HUMANIZADA.
El rechazo a que la policía esté sindicalizada tiene que ver con una sujeción al mando político. La dirigencia política no quiere dejar de beneficiarse de una fuerza policial que puede manejar de forma discrecional, incluso a veces como fuerza de choque, para proteger sus intereses partidarios. Por eso siempre toleró que extorsione a la gente, y nunca buscó que fuera profesional al servicio de los ciudadanos sin discriminación alguna.
En pocas palabras, es una cuestión política y no legal o jurídica, las objeciones a la existencia de los sindicatos policiales.
Crío. My. (R) Neriz Alberto Hernández
Lic. en Criminalística y Criminología
