Los actos de algunos funcionarios municipales generan sospechas de “corruptela” institucional. Ésta gestión comunal no está exenta de recelos y suspicacias
La ausencia absoluta de control y las normas laxas permiten la concreción de actos administrativos que alimentan las sospechas de corruptela institucional.
La difusión de los actos de gobierno dejaron de ser una obligación gracias a la discrecionalidad con la que se determina el “contenido” de lo publicado en el Boletín Oficial. Los “extractos” que resumen los actos administrativos -Resoluciones, Disposiciones, Convenios, etc.- son meras menciones del “instrumento institucional”, el número que lo identifica y datos exiguos sobre beneficiados, beneficiarios, proveedores o contrapartes.
LA INSTITUCIONALIDAD DEGRADADA
Infinidad de acciones se concretan amparadas en normas laxas que generan condiciones para contratar, adjudicar o comprar bienes o servicios, la mayoría de las veces sin justificación. O peor aún, la comprobación de su existencia o ejecución, está condicionada a la voluntad del funcionario que acceda a proveer datos certeros y documentados al respecto.
Ejemplos sobran y aunque la ciudadanía no esté acostumbrada a realizar un “control cívico” sobre el uso y destino de los dineros públicos, ni siquiera los concejales -legítimos representantes- ejercen la debida y legal supervisión de los actos del Ejecutivo y sus miembros.
Cierto es que el edil podría profundizar su interés e insistir con las prerrogativas a su alcance para acceder a la información. Pero, también es de “praxis”, que muchos de ellos hacen la vista gorda y se escudan en un silencio cómplice.
También es imprescindible remarcar que “dejar hacer” sin control ni observaciones, permiten el uso de fondos públicos para subsidiar o subvencionar actividades de personas físicas o jurídicas, muchas de ellas sin condiciones mínimas de transparencia que permitan la ratificación de su existencia o del efectivo ejercicio de una actividad.
LA LEY Y LA “TRAMPA”
Varias formas de contratación son utilizadas a mano abierta. El gasto sin sentido y sin beneficios para el vecino es una constante en casi todas las administraciones comunales que tuvo la ciudad de Corrientes.
Es repetitivo el uso de: contratación directa; contratación directa por vía de excepción; concurso de precios, usualmente “cerrados” al ser por “invitación”; licitación privada; y ahora, la genialidad de la “iniciativa privada” que en general es ceder el uso de espacios públicos para grandes negocios privados.
Todas las opciones señaladas precedentemente tienen un marco legal a “medida”. El clásico “hecha la Ley, hecha la trampa”. Lo que brilla por su ausencia es un control efectivo, eficiente, oportuno y responsable para evitar las maniobras que la normativa permite para “dibujar” el uso y abuso de los dineros públicos.
En el fondo, los concejales son responsables de que el Ejecutivo convierta la gestión en un ejercicio semi autocrático permanente. Es decepcionante ver como la hipocresía adorna las alocuciones de los ediles del oficialismo. Pero más insultante es la postura de los concejales de la oposición que muchas veces hacen gala de un comportamiento dubitativo y poco combativo en defensa de los intereses del vecino.
LOS GASTOS INEXPLICABLES
Como si no hiciera falta invertir en áreas de mayor importancia y características prioritarias la Municipalidad resolvió gastar DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($2.200.000) para contratar un servicio de lunch destinado a 400 personas.
La excusa, esta vez, fue un mega espectáculo para “festejar” la primavera en el Anfiteatro Cocomarola y también, parte del evento que enmarcó la “Ruta Federal” relacionado a la Cumbre del C40.
A un costo de $ 5.500 “por cabeza” la tramitación del gasto fue iniciado por la Coordinación de Relaciones Territoriales a través del Expediente 527-C-2022 que fue oficializado y ejecutado gracias a la Resolución N° 3620 del 23 de septiembre del 2022 publicado en el BOM 3889.
UN NEXO VARIAS Y DISPOSICIONES
La desidia es fiel reflejo del desinterés de los funcionarios municipales para administrar con responsabilidad los recursos. Pero, además, es también uno de los motivos que permite “justificar” el deterioro edilicio y de las instalaciones donde funcionan las oficinas de la municipalidad.
Es decir, a pesar de contar con un considerable número de funcionarios, asesores y empleados con diferentes funciones nadie piensa en el “mantenimiento” preventivo. Obvio, prevenir implica evitar mayor deterioro o daño; y consecuentemente menos gastos.
Sin embargo, el secretario de Hacienda –Guillermo Augusto Corrales Meza– dispuso simultáneamente la ejecución de “obras de reparación” en tres sectores de la Secretaría bajo su responsabilidad.
NEXO OBRAS S.A. es la empresa que deberá realizar “trabajos” de refacción en la Subsecretaría de Finanzas; la Subsecretaría Administrativa; y el techo de un pabellón del Cementerio San Juan Bautista.
Por “concurso de precios” y en Disposiciones casi “correlativas” firmadas en dos días (24 y 25 de octubre), las tres obras costarán casi lo mismo. Dos de ellas $ 2.850.000 cada una; y la restante $ 2.890.000.Así consta en las Disposiciones Nros. 1.044; 1.045; y 1.050 (VER).
Sin duda, la Disposición 1048 es la que mayores interrogantes genera. La misma empresa (NEXO S.A.) es la proveedora de “mobiliario” que la Secretaría de Hacienda solicita. Precio y empresa son una constante en la selección del contador Corrales Meza que por $ 2.800.000,03 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS CON TRES CENTAVOS) le comprara a la firma “constructora” diez (10) flamantes escritorios.
GUADAÑAZOS Y DEMÁS YERBAS
Un símbolo de la actual gestión municipal es el “desorden” burocrático y la compra compulsiva de diferentes “bienes de uso / herramientas” de manera dispersa; pero siempre respetando los “topes” del monto a gastar para garantizar la adjudicación de manera directa o concurso de precios cerrados -invitación a cotizar selectiva-.
Por ejemplo la compra de “motoguadañas” realizadas por dos reparticiones municipales diferentes, en un lapso de tres semanas y bajo el mismo sistema “concurso de precios”.
Con la Resolución 4039 del 25 de octubre 2022, la Subsecretaría de Coordinación de Asuntos Administrativos logró la compra de 14 (Catorce) Motoguadañas por un monto de $ 1.624.000 (UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS).
Tres semanas después, el 16 de septiembre del corriente año, por Disposición N° 251 el Secretario de Ambiente -Ignacio Maldonado Yonna- autoriza la compra de 15 (quince) Motoguadañas por un monto de $ 2.747.000 (DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS).
Es decir, el requerimiento de Motoguadañas es una cuestión en la que dos áreas y sus correspondientes responsables, no pudieron ponerse de acuerdo para hacer una sola compra y lograr un mejor precio al ser adquiridas “por cantidad”. O quizá, el razonamiento de éstos funcionarios es “dividir” las compras entre varios proveedores que podrán “seleccionar” mediante un conveniente Concurso de Precios por invitación a “dedo”.
SHOW DE GASTOS
El Festival de Primavera, el mismo que originó la contratación de un lunch para 400 personas a un costo de dos millones de pesos, posibilitó que el secretario de Cultura y Educación de la comuna –José Fernando SAND– realizara la “contratación directa por vía de excepción” de la empresa SHOW BUSINESS S.A.S.
Amplia cobertura publicitaria por los medios pautados tuvo la iniciativa cultural que se promocionaba como “Espectáculo de teatro de revista gratuito en el anfiteatro Cocomarola“.
UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS
Sin embargo, el espectáculo no tuvo “costo cero”, más allá de que el acceso era gratuito (previo retiro de los tickets en dependencias municipales).
Lo más importante es que el secretario Sand por Disposición N° 201 del 23 de septiembre del 2022, contrató a SHOW BUSINESS S.A.S. por la módica suma de $ 5.000.000 (CINCO MILLONES DE PESOS).
Una muestra más de las prioridades de la gestión y de la generosidad con que gastan los recursos de un municipio cuya subsistencia y operatividad depende en un 75 % de lo que recibe por coparticipación federal y provincial.
SOSPECHAS DE “CORRUPTELA”
El detalle del “modus operandi” por el cual los funcionarios municipales disfrazan erogaciones injustificadas, desprolijas y no prioritarias es la muestra incontestable de que el “marco legal” parece hecho a medida para direccionar gastos y uso indebido de recursos.
No se agota en ésta publicación el impresionante listado de Resoluciones, Disposiciones y Convenios que le dan “marco” a sospechosas operaciones de compra de bienes o servicios.
Habrá continuidad en informes de éste tipo donde se expondrá el otorgamiento de subsidios injustificados; los gastos por “publicidad institucional” cuyos beneficiarios son “honorables” periodistas y comunicadores que facturan a cambio de ser obsecuentes bajo la modalidad PNT; la demostración documentada de la contratación y designación de asesores; detalle de las diferentes artimañas que la gestión municipal utiliza para asignar recursos financieros -efectivo contante y sonante- a las empresas prestatarias del servicio de Transporte Público (ERSA, MIRAMAR, SAN LORENZO).
Esto recién empieza. Con certeza, basada en documentos públicos y una investigación seria, el vecino de Corrientes podrá descubrir como y quienes curran en la Muni.
