“CONCESIÓN DESIERTA – PRÓRROGA ARREGLADA”
A menos de un año del vencimiento de la concesión del transporte público en la ciudad de Corrientes, el poder político local enfrenta una encrucijada. Durante ocho años, Eduardo Tassano benefició al grupo ERSA y al holding de la familia Romero, que también controla LUSA, concesionaria de la recolección de residuos. Ahora, con Claudio Polich como sucesor dentro del mismo espacio político —Vamos Corrientes—, el modelo heredado entra en revisión. Pero ¿habrá cambios?
Las quejas de los usuarios, la caída abrupta en el número de pasajeros y el rechazo generalizado a las condiciones del servicio exponen una crisis estructural. Tassano reconoció que el problema es complejo y atribuyó el deterioro a la eliminación de los subsidios nacionales, aunque estos se mantienen en CABA y el AMBA.
Con la concesión vigente hasta 2026, el desafío no es solo técnico o económico: es político. ¿Insistirá el nuevo intendente ante Nación para recuperar subsidios? ¿Rediseñará el esquema local de financiamiento? ¿Abrirá el juego a nuevos operadores o blindará el modelo actual?
Lo que está en juego no es solo el transporte: es el vínculo entre poder político y poder económico. Y el reloj ya empezó a correr.
EL CRECIMIENTO BAJO SOSPECHA
La historia de ERSA no es la de una empresa que creció por mérito gerencial. Es la historia de una expansión sostenida por favores políticos, subsidios generosos y gestiones administrativas que, en muchos casos, fueron señaladas como privilegios o directamente como actos de corrupción.
Juan Carlos Romero, el empresario detrás del holding, logró extender sus operaciones de transporte urbano e interurbano a provincias como Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, y hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA. Incluso cruzó fronteras: ERSA llegó a operar en Asunción del Paraguay.
Ese crecimiento exponencial —desde dos líneas urbanas en la capital correntina hasta convertirse en un actor nacional— no se explica sin el respaldo de los gobiernos locales, provinciales y federales de turno. En cada desembarco, hubo cobertura política. En cada expansión, hubo subsidios. Y en cada negociación, hubo sospechas.
Los escándalos que rodearon a ERSA trascendieron los límites del transporte. En distintos ámbitos, se señaló que funcionarios estratégicos fueron beneficiarios o socios del modelo de negocios que convirtió a una empresa local en un gigante con pies de barro.
UNA PRÓRROGA ANUNCIADA
Con estos antecedentes —historia conocida y sufrida por usuarios de distintos núcleos urbanos—, y teniendo en cuenta que ERSA estuvo en proceso de quiebra, siendo “rescatada” por una condonación de deuda millonaria impulsada de manera sospechosa por Eduardo Tassano, más el agregado de que en varias provincias abandonó el servicio o le fue retirada la concesión por incumplimientos reiterados de las obligaciones contractuales, resulta cada vez más firme la posibilidad de que se prorrogue la concesión del servicio en la capital correntina.
Esa posibilidad está contemplada en el pliego original, que otorgó la concesión por diez años con opción de extenderla cinco años más. ¿Por qué sería factible esta maniobra, injustificable aunque legal? Porque está plenamente demostrado que ERSA es un socio del poder: del gobierno provincial y de la gestión comunal capitalina.
Además, el contexto económico actual desalienta el interés de otras empresas del rubro, que, aunque podrían ver atractiva la plaza correntina, se enfrentan a una realidad diseñada para espantarlas: la falta de voluntad política para mejorar las condiciones del servicio, el retraso deliberado en la confección de un nuevo pliego, y la inclusión de cláusulas imposibles de cumplir que funcionan como barreras de entrada.
Esa maniobra, de neto interés político —el usuario que se joda—, ejecutada con pericia administrativa por el poder gobernante y amparada en la legalidad de una prórroga prevista, deja en claro que ERSA seguirá siendo un socio privilegiado en el andamiaje de negocios donde el poder político encontró una fuente inagotable de recursos espurios.
Podría decirse que, en Corrientes, el transporte no se concesiona: se perpetúa. Porque, cuando el negocio es el poder, el usuario siempre paga el boleto más caro.
