Cada cuatro años, inclusive cuando se trata de socios políticos, las transiciones en la gestión adolecen de orden y transparencia. No es tarea sencilla desalojar los ámbitos del poder para que el próximo gobernante pueda incorporar -sin problemas- sus equipos, su estilo, sus proyectos. La TRANSICIÓN desnuda un síntoma quizás, de la inmadurez o la mezquindad política, que contamina innecesariamente un acto de previsible periodicidad: el traspaso del poder.
BLANCO SOBRE NEGRO
De nada sirven las reuniones previas entre los funcionarios en ejercicio y los que están destinados a asumir ese rol en el corto plazo, sino se ejecuta un control exhaustivo de los bienes patrimoniales. No está demás. Y es para bien, porque en la mayoría de los casos algunos descubren que, a pesar de lo dicho, la falta del “sillón” en la oficina pasa apenas como una cuestión folclórica, propia de algunas mañas “costumbristas” que nuestros políticos y funcionarios cultivan. No debería ser así. Los bienes del Estado, son de todos, pero están “con cargo” a quienes ejercen la función de administrar esos “muebles y útiles”. Hay normas que establecen las responsabilidades y deberes; y que deberían aplicarse con rigor. Ley pareja no es rigurosa.
Lo usual sería realizar un inventario previo al traspaso. Sobre todo porque una vez en el cargo, si se encuentran con un boquete en la pared dónde hace pocas horas había un equipo de refrigeración, será difícil que un empleado puede explicar quién, cuándo y porqué se llevó el “aparato”.
Sin exagerar, se dan situaciones incomprensibles cómo por ejemplo:
- El extravío de documentación.
- La falta de herramientas, equipos y vehículos.
- El “brote” de empleados que hace unos días atrás, sólo pasaban a cobrar.
- La suplantación de partes o el todo de determinados bienes, muebles, etc.
- El desguace o desmantelamiento de rodados y maquinarias.
ORDEN EN EL DESORDEN
Todo funcionario debería tener incorporado en su accionar el celo por mantener en buen estado de uso cada silla, ventilador o computadora, que forman parte de los bienes del Estado; que en definitiva, pertenecen a todos los ciudadanos. El Estado no es “transitivo”, es permanente. Por el contrario, los funcionarios son protagonistas de una transición, por lo menos dos veces en el ejercicio de sus funciones. Lamentablemente, nunca dejan acciones que marquen su “gestión” por el valor del hecho en sí. Siempre prefieren apoyar su imagen con las remeras, los carteles, los afiches y las infaltables “placas” recordatorias. Deberían intentar algo diferente.
El ciudadano no tiene un medio para sugerir. Pero clama por medidas inolvidables.
Se impone un “parque cerrado” de todos los vehículos a efectos de verificar su estado de uso; analizar su “planilla de mantenimiento programado”; y evaluar la necesidad de que algunos vehículos estén destinados al uso casi “particular” de determinados funcionarios.
Hay que dar de baja la totalidad de los “teléfonos corporativos”. No se justifica un privilegio de ese tipo en un Estado empobrecido y endeudado.
Replantear la asignación de los recursos humanos. El Estado no puede ni debe tener “horario comercial”. Y cuidado, la descentralización funcional o administrativa, no siempre da resultados que justifiquen la inversión.
TODO TIENE UN LÍMITE
Muchas veces los ciudadanos son sorprendidos con declaraciones de los nuevos funcionarios del tipo “heredamos un Estado en pésimas condiciones”. La pregunta de rigor es: llegaron ayer a la ciudad? Parece que nadie ve el “hormiguero” hasta que se sienta encima.
Que la duda sirva para disparar un buena idea. ¿ A ningún funcionario se le ocurrió reglamentar cómo deben estar identificados los vehículos del Estado? Tal vez si. Pero ocurre que, a cada nueva gestión, corresponde de manera inevitable pintar los vehículos con frases y consignas referenciadas al funcionario de turno. Error y malgasto, porque el vehículo no pertenece al funcionario ni a la gestión, es propiedad del Estado, hasta que se le de la baja al cumplir su amortización.
Es muy simple. En letras de molde, deben llevar la inscripción del organismo y/o unidad a la que pertenecen y un número identificatorio interno único; y para permitirle al ciudadano que “cuide” lo suyo, un número de teléfono al que se pueda comunicar para denunciar el mal uso del vehículo bien del Estado.
Por lo simple se opta con sentido común y practicidad. Esa es la forma en que los funcionarios deben rendir culto al ciudadano. Por lo menos así, van a evitar el mal momento de tener que salir a decir “abrimos la caja de Pandora”.
