La gestión Tassano, Lanari y Calvano convirtieron a la “Muni” en un “jugador” permanente del mercado inmobiliario. El concejal Almirón (Unión Celeste y Blanca) puso la “lupa” en la seguidilla de contratos de alquiler que la Municipalidad rubrica como inquilino
La Muni de Corrientes se convirtió en una especie de “consumidora” de bienes raíces. La gestión duplicada de Tassano – Lanari + Calvano le imprimió ritmo al mercado inmobiliario capitalino alquilando varios inmuebles.
PUSO LA LUPA
El edil Lisandro Almirón, asiduo lector del Boletín Oficial Municipal, descubrió una serie de operaciones inmobiliarias donde el municipio aparece como un “inquilino” voraz.
Las dudas del concejal provocaron el surgimiento de interrogantes que motivaron un “pedido de informes”, fundado en la necesidad de conocer los motivos que el Ejecutivo municipal tuvo para concretar el alquiler de varias propiedades en el micro centro.
CONTRATOS, PLAZOS Y MONTOS
Tres contratos de alquiler de inmuebles, todos realizados de manera directa y por vía de excepción, en un lapso de siete meses generaron la inquietud del concejal.
El inmueble alquilado en calle 25 de Mayo 730 –Ver Contrato-, destinado a albergar las Secretarías de Turismo, Deportes y Desarrollo Económico, fue pactado por 48 meses (Febrero 2022 a Enero 2026). El costo total de la operación es de $ 34.234.168,65 (PESOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS). Incluye la comisión de la inmobiliaria.
Las cuatro (4) oficinas alquiladas en calle San Juan 1037 –Ver Resolución-, destinadas a la “Coordinación de Relaciones Territoriales de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes” (¿Cuál será su función?), por un periodo de dos años -abril 2022 a marzo 2024- implica la erogación de $ 4.551.856 (PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS).
Además, para la Secretaría de Salud, se alquilaron media docena de oficinas por calle Córdoba entre calles san Martín y Bolívar. El contrato de locación es por un periodo de 42 meses (1 de julio 2022 a 31 de diciembre 2025) y conlleva un gasto de $ 10.986.315,74 (PESOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS); más gastos y comisiones por $ 483.132 (PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS).
DETALLES SORPRENDENTES
Todas las operaciones se realizaron por “vía de excepción” y “contratación directa“, previa compulsa de precios por invitación. Es decir, los “brokers” inmobiliarios, parecen haber sido elegidos a dedo. Todos cobraron su respectiva “comisión“.
Hay errores en las Resoluciones. Por ejemplo, los montos totales no coinciden con la sumatoria de los importes mensuales a abonar.
Monedas más monedas menos, en el caso del alquiler de las oficinas en San Juan 1037, parece que se incluye el pago de la “comisión” en 100% cuando usualmente el locador asume el 50% y el locatario -Municipalidad- el 50% restante.
Quizá un error involuntario provocó la consignación errónea de la dirección del inmueble donde se alquilaron las oficinas para la Secretaría de Salud. Lo cierto es que la dirección correcta es Córdoba 1164, aunque en la Resolución N° 2770 del 18 de julio de 2022 se consignó “Córdoba 1169“.
EL SEÑOR ROMERO
Juan Ignacio ROMERO es miembro del directorio de la empresa SPINNAKER S.A.; ésta a su vez es la “locadora” de las oficinas ubicadas en Córdoba 1164, como parte integran de de un condominio.
Además, el señor Romero, de acuerdo a una investigación periodística de Política En Corrientes, es el titular de varias licencias de emisoras de radio.
Pero, también, parece que se olvida de tener al día sus obligaciones tributarias. A la fecha de la firma de la Resolución -18 de julio 2022- la sociedad anónima SPINNAKER y su director titular Juan Ignacio ROMERO, mantenían una deuda con la Dirección de Rentas de Corrientes. Ambas calificadas como categoría 5 (más de $ 50.000), y una de ellas en instancia judicial.
RESPUESTA URGENTE Y NECESARIA
Lisandro Almirón, se puso al hombro la titánica tarea de poner “blanco sobre negro“, a pesar de que el Ejecutivo municipal le retacea información y “congela” las respuestas a sus “pedidos de informes“.
Para que el ciudadano y el contribuyente tengan conocimiento de qué, cómo, cuándo y por qué se hace, el concejal parece estar decidido a conseguir que el acceso a la Información Pública sea una realidad en el municipio de la ciudad.
Porque de lo contrario, las acciones de la Muni Real Estate, en vez de ser acciones de gobierno serán interpretadas como “sospechosos negociados“.
