Los abogados “asociados” de la DPEC son participes necesarios de los abusos; la precariedad; las maniobras fraudulentas; y una muestra palpable de como el Estado y las buenas relaciones políticas pisotean los derechos de los ciudadanos
Los abogados asociados son un conjunto de “estudios jurídicos” que operan en sociedad con la DPEC el cobro por mora o facturas impagas, por vía del apremio.
El “mecanismo” es utilizado por muchas empresas y organizaciones que brindan servicios. Representa para los abogados, un flujo constante de “casos” que permanentemente le generan ganancias.
LOS ABOGADOS “ASOCIADOS”
No hay margen de beneficio para el supuesto “deudor moroso” cuando la cuestión pasa al “cobro por vía de apremio“; ejecutado indefectiblemente por un “buffet” de abogados “asociados” a la DPEC.
La condición de “socios” es notoria e irrefutable. Porque esos abogados elegidos a dedo ostentan buenas y aceitadas relaciones políticas con el Estado; en éste caso dueño de la DPEC y gerenciador de la Justicia.
El artilugio legal, pero perverso y a veces inhumano, es tan simple como eficiente. Genera presión, preocupación y desasosiego en el “supuesto” deudor que, además de estar seguro de haber cumplido con su obligación, sabe que la respuesta en la DPEC será “pague y luego, reclame“. Y eso, solo en el caso que un amable burócrata no le responda “su deuda ya está en judiciales tiene que contactarse con el abogado fulano de tal“.
SIN ENERGÍA Y SIN DERECHOS
Cuando la “cuadrilla” se instala frente a “tu medidor”, el desenlace de la situación es siempre negativo. O te cortan la luz porque la orden ya está “impresa”; o a veces aceptan una “propina”. Para el “usuario”, es siempre pérdida.
Debe haber cientos de casos como el que se expone a continuación. Y el interrogante es ¿quién y cómo puede generar una solución que minimice los abusos?
A TENER EN CUENTA
Algo inusual es que en la Casa Central y se supone en sus “sucursales” la DPEC no acepta el pago en efectivo. Indudablemente, prefiere pagar “comisiones” a las entidades de recaudación. ¿Un beneficio o una discriminación para el usuario? No siempre se tiene una agencia de “cobro” cercana; y, además, no todo el mundo tiene tarjeta de crédito o débito.
La desconfianza de la ciudadanía en la Justicia -en general y en particular en Corrientes- incide para que cualquier ciudadano evite dirimir judicialmente situaciones de “cobro por vía de apremio”. Está asumido que el “poder” siempre gana y el usuario sabe que no integra el círculo de poder.
No es sólo la DPEC, también utilizan el mismo mecanismo Aguas de Corrientes; DGR Corrientes; y Municipalidad de Corrientes o ACoR.
Las inequidades son históricas y manifiestas en la vida del atribulado ciudadano correntino. Y la muestra más patética en beneficio del poder, particularmente la DPEC, es evidente en CÓMO LA JUSTICIA CORRENTINA PRETENDIÓ BENEFICIAR A LA DEPC CON FALLO INCONSTITUCIONAL.
EL VACÍO INSTITUCIONAL
Si algo le faltaba al ciudadano correntino, otra vez el poder político le esmeriló sus derechos. Con una injustificable falta de respeto a las normas que ellos mismos dictan, los legisladores provinciales se dieron el gusto de dejar en acefalía total la Defensoría del Pueblo.
Los diputados y senadores convirtieron el único ámbito de defensa del pueblo en un cargo político; mejor dicho tres cargos políticos. El resultado del fracaso de las designaciones muestra que el interés del legislador provincial no radica en el bienestar general y en el respeto a las leyes y sí, en una suerte de “circo romano” donde punteros, entenados y paracaidistas se pelean por un cargo que representa un sueldo seguro; privilegios y pocas exigencias laborales. Así estamos diría doña Pepa.
NO DEJES DE LEER
El pueblo se quedó sin Defensor
