En Corrientes, el poder económico y financiero acaba de mostrar una radiografía que debería preocupar a cualquier ciudadano común. La empresa GINSA S.A., vinculada a la familia Chamas y responsable de la construcción del flamante Hotel Marriott Corrientes, pasó de deberle al Banco de Corrientes $1.032 millones en abril de 2025 a un total de $5.700 millones en septiembre del mismo año. En apenas seis meses, el pasivo se quintuplicó.
El dato no es menor: hablamos de una compañía que no solo se presenta como motor de desarrollo urbano —con el proyecto Distrito Boulevard y la llegada de marcas internacionales—, sino que además controla Aguas de Corrientes, concesionaria de un servicio esencial. La magnitud de la deuda con una entidad financiera pública provincial instala un riesgo institucional de trascendencia.
La inauguración del Marriott, prevista para el 9 de diciembre de 2025, se promociona como símbolo de modernidad y apertura al mundo. Sin embargo, detrás de la fachada de lujo y franquicia internacional, la pregunta es inevitable: ¿qué garantías existen de que semejante endeudamiento no termine repercutiendo en el sistema financiero provincial y, en última instancia, en los bolsillos de los correntinos?
La opacidad sobre las condiciones del crédito, las garantías ofrecidas y la ausencia de auditorías externas refuerzan la sospecha de que el modelo de expansión se sostiene sobre bases frágiles. Y aquí aparece un dato que no puede soslayarse: la estrecha relación política del grupo empresarial con sectores del poder local, que alimenta la percepción de que los privilegios financieros no son casuales, sino parte de un entramado donde negocios y política se confunden peligrosamente.
El ciudadano común, que paga sus impuestos y depende de servicios básicos, se convierte en espectador de un juego financiero donde los montos son descomunales y las consecuencias potenciales, colectivas. Corrientes necesita respuestas claras. La deuda de GINSA no es un asunto privado: es un tema público, porque involucra recursos de una entidad provincial y compromete la estabilidad de un sistema que debería estar al servicio de la comunidad. El riesgo institucional está planteado. Lo que falta es transparencia.
