PRIMERA PARTE
Algunos políticos, luego funcionarios electos o designados, son la cabeza de una trama bajo sospecha de corrupción colectiva que involucra a empresarios, sindicalistas y administradores del poder público
ERSA y los políticos que germinan y florecen -algunos- como gobernadores, intendentes, ministros, legisladores nacionales, provinciales y comunales, y hasta funcionarios judiciales parecen ser promotores -y partícipes- de la instauración de negocios sospechados de corrupción colectiva.
La multiplicidad y volumen de información inobjetable que avalan la definición anterior, van de la mano con la empresa del “Jeque” Juan Carlos ROMERO y los responsables institucionales que administran, legislan, auditan y juzgan la cosa pública, como son los servicios concesionados y varios negociados más que involucran al Estado.
Sin la participación y complicidad necesaria de los gobiernos de turno, la corrupción, no estaría instalada como normalidad.
Sean peronistas, radicales, parientes políticos feudales, y hasta núcleos partidarios vecinalistas, desde la posición de poder concedente facilitaron a la empresa y al empresario los mecanismos para convertirlos en un monopolio diversificado y en el “Jeque” intocable de las concesiones ventajosas. No hay dudas.
POLÍTICOS Y CORRUPCIÓN COLECTIVA
Sin importar el perfil ideológico, hay una clase de políticos que han favorecido con acciones u omisiones, la extensión del poder de empresarios cuyas empresas generan beneficios adicionales al amparo de incumplimientos, excepciones, subsidios y una sólida red de complicidad con sindicalistas, funcionarios, legisladores e inclusive miembros del Poder Judicial.
ERSA es un caso “testigo“. Su vertiginosa expansión territorial guarda directa relación con el acceso al poder de una lista interminable de políticos que por razones obvias han dictado normas laxas o a medida de los intereses empresarios en contraposición al bienestar general, el sentido común y la observancia irrestricta de las leyes.
La empresa de Juan Carlos ROMERO, una pequeña empresa familiar que explotaba el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes, a partir del 2001 progresivamente fue adicionando servicios interurbanos e interjurisdiccionales hasta convertirse en un concesionario de relevancia en un servicio esencial irremplazable como el transporte público.
Siempre, al amparo de administraciones gubernamentales, cuyos mandantes políticos no escatimaronn esfuerzos ni acciones que redundaran en el crecimiento monopólico del empresario amigo.
Todo vale dentro de la Ley, aun cuando la misma deja resquicios que contradicen el espiritu de la norma y estimulan maniobras como la estrategia de recrear figuras societarias, casualmente con otras empresas o inversores que ostentaban contactos políticos de indudable influencia y poder de decisión.
Cuando no hay juego limpio las sospechas enturbian el ejercicio del comercio o la prestación de servicios.
VENTAJAS INJUSTIFICABLES
Sola, en sociedades transitorias o con mayoría accionaria, ERSA consiguió penetrar y dominar los servicios de transporte urbano de pasajeros en varias provincias.
Su participación en diversos distritos no estuvo ni está exenta de escándalos en los que autoridades, organismos, sindicatos y estrados judiciales se han convertido en aliados sospechados.
El modus operandi es un déjà vu interminable. Licitaciones a medida; permisos precarios de explotación; subsidios y beneficios tributarios; convenios de asistencia o salvataje financiero cuyas cláusulas superan la condición de extraordinarias, para ser lisa y llanamente privilegios.
Los beneficios obtenidos por la empresa no se condicen con la sucesión de problemas e inconvenientes que generan principalmente al usuario.
El destinatario final, el usuario cautivo y rehén de un servicio público que tiene garantizado: exclusividad; recaudación inmediata; un periodo de prestación del servicio pre establecido en la concesión; subsidios permanentes y actualizables otorgados por diferentes jurisdicciones que regulan la actividad o son el poder concedente; un trato de los órganos concedentes y actores judiciales proclives a la ceguera fingida; todo en suma, condena al usuario que es la víctima indefensa de un sistema casi perfecto pergeñado para lucrar siempre.
Y, además, la ventaja de la extorsión que implica la dificultad de ser reemplazado por otro prestatario de manera inmediata. Situación que favorece la continuidad del concesionario incumplidor.
Todo conlleva a que el empresario esgrima como justificativo de las razones de sus incumplimientos: la crisis económica; los precios de los insumos de la actividad; el costo laboral; la merma en la demanda; etcétera.
UNA EXPANSIÓN SOSPECHADA
Hilando fino y procurando documentación, no son pocas las sorpresas cuyo contenido exponen la ambición sin límites y las ganancias aseguradas que el Jeque fue conquistando.
Sin apoyo político, socios calificados y circunstancias ventajosas provocadas, ERSA no hubiera logrado crecer, diversificarse y expandirse.
La garantía que le dan los ejecutivos municipales sumisos; los concejos deliberantes disciplinados; organismos gubernamentales de contralor que no controlan; los funcionarios que le otorgan subsidios que obvian una correcta aplicación de los mismos; las máscaras con formato legal que le facilita introducirse y controlar -a través de otras empresas- la casi totalidad del servicio de transporte de pasajeros en diferentes distritos. Todo es ganancia.
En Corrientes, donde tiene su orígen la empresa familiar que otrora explotaba un par de líneas urbanas, está la sede del conglomerado empresario multipropósito que nuclea a varias empresas subsidiarias.
Corrientes, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Chaco e inclusive en algún momento en Santiago del Estero y en Asunción del Paraguay, fueron ámbitos de su actividad.
En todas las jurisdicciones ha recibido subsidios de diferentes tipos a efectos de mantener el costo del servicio dentro de parámetros que no le signifiquen “explotarlos a pérdida“.
Además, su accionar ha generado graves conflictos y quejas continuas. Las primeras con sus propios empleados, cuyas medidas de fuerza provocaron la disminución o suspensión del servicio.
Las quejas y reclamos fundados por parte de los usuarios jamas fueron atendidos en tiempo y forma en un todo de acuerdo a la normativa vigente. El estado concedente ha protegido a la empresa en desmedro del usuario.
UN ESTILO REPROCHABLE
La empresa logró imponer una estrategia de penetración y manejo desde áreas específicas de la administración pública.
El caso más resonante en Corrientes es el de Gustavo Larrea. Quien teniendo relación estrecha con la empresa ERSA ocupó el cargo de Subsecretario de Transporte en la gestión de Carlos Mauricio Espínola (Camau). Y luego, fue Secretario de Transporte y Tránsito, durante el mandato de Fabián Ríos.
El mismo Gustavo Larrea es el secretario de la Federación Argentina de Transporte Automotor (FATAP), y días atrás manifestó a medios periodísticos que “la tarifa que se discute en Corrientes, de 832 pesos, si tienen el aporte del subsidio y si no sigue esto el precio debería estar cercano a los 1.000 pesos”.
En Córdoba las relaciones con la administración comunal de Ramón Mestre (H) también generaron sospechas fundadas que desembocaron en escándalos judiciales.
Con Llaryora -actual gobernador- y ahora con Daniel Passerini -actual intendente- la empresa de Juan Carlos Romero el “Mono” cayó en desgracia. Inclusive, el intendente de la Docta ya manifestó publicamente que la Empresa ERSA expuso oficialmente que no está interesada en postularse a la nueva licitación para la concesión del servicio que deberá operar en el transcurso de éste año.
SIN SOLUCIÓN
La decisión del Ejecutivo nacional de suspender el envío de fondos a título de subsidio directo al conglomerado de empresas que explotan esos servicios, derivó en una nueva amenaza: dejar sin transporte público a millones de ciudadanos usuarios en todo el país.
En 2001 durante la gestión de Eduardo Duhalde se implementaron los subsidios a las empresas de transporte para que las mismas no aumentaran el costo del boleto debido a la crisis. Lo que comenzó como algo provisorio permanece hasta hoy.
Los cientos de millones dilapidados en subsidios a empresas prestatarias que antes del sistema SUBE eran transferidos tan solo mediante una declaración jurada, fue el mecanismo que los corruptos como Jaime, Schiavi y Cirigliano utilizaron para enriquecerse.
Inclusive hoy, las tarjetas SUBE no son utilizadas en todo el país. Un sistema de control que a pesar de sus fisuras es perfectible.
MILLONES, POLÍTICOS Y EMPRESAS SOSPECHADOS
