El último escándalo por la “publicidad oficial” generó no solo una denuncia judicial sino también que la ciudadanía ponga la “propaganda” bajo la lupa
El correntino de “a pie” puso la “propaganda” bajo la lupa. La circulación viral en redes sociales, referente a la pauta oficial, fue durante días el tema obligado.
Las imágenes “extraoficiales” de dos Resoluciones y respectivos Anexos, supuestamente con origen en la Secretaría General de la Gobernación, se expandieron imparables por los perfiles en redes sociales.
Además, por iniciativa de la ciudadana Silvia Adriana Casarrubia -abogada-, la Justicia fue puesta en “autos”.
Mientras jueces y fiscales intervinientes en la causa arbitran los pasos procesales pertinentes, la ciudadanía de Corrientes va amasando justificadas sospechas.
PROPAGANDA BAJO LA LUPA
La administración provincial, en la mayoría de las gestiones, ha hecho abuso de la publicidad oficial bajo la excusa de la “difusión de los actos de gobierno“.
Hay antecedentes al respecto -gestión Arturo Colombi- que culminaron en sentencias cuestionadas. Quien cuestiona a medias es el ciudadano, sobre todo, por la ausencia de transparencia en cuanto al “gasto” innecesario que los diferentes gobiernos realizan en “publicidad“.
Nunca hubo, y quizá no habrá una rendición de cuentas de: ¿Qué publicidad se paga? ¿A quién se paga? ¿Cuánto se paga?
Lo cierto es que el escándalo más cercano dejo “pistas” sobre quienes serían beneficiarios de la campaña publicitaria “Corrientes Somos Todos“.
¿SOMOS TODOS? ¿QUIENES SON?
El Anexo adjunto a la Resolución difundida extraoficialmente, contiene un listado de 500 (quinientos) beneficiarios. Periodistas; propietarios de medios; familiares de “animadores populares“; y también profesionales independientes a los que no se le conoce actividad comunicacional.
Sorprende además, que “empresas” de rubros específicos, sin relación aparente con medios, agencias, o servicios de publicidad integren esa lista de supuestos beneficiarios.
Investigar es una condición fundamental para darle al lector información fiable y comprobable. El equipo de politicaencorrientes.com procuró “vínculos documentados” de todos los supuestos beneficiarios.
En ese sentido, por ejemplo, se verificó que una profesional del derecho; ex funcionaria nacional; y posiblemente relacionada a un partido de la alianza gobernante, consta inscripta en la AFIP en el rubro “Servicios de publicidad”.
Todos los antecedentes enumerados no implican un “juicio de valor” sobre las actividades de María Florencia PINDO.
Sin embargo, la fecha de su inscripción en la AFIP en el rubro “servicios de publicidad” -Categoría E-, infiere que fue muy oportuna su decisión de sumarle a su actividad profesional el servicio adicional que al parecer brindó al estado provincial en la campaña “CORRIENTES SOMOS TODOS“.
JUSTICIA LENTA NO ES JUSTICIA
Cabe a la Justicia correntina -cuestionada por su lentitud ocasional- dar celeridad al trámite simple de constatar si la profesional mencionada percibió remuneración por la campaña propagandística del gobierno provincial. Y, si así fuera constatado, explicitar: MEDIO (gráfico, radial, televisivo, digital, publicidad estática); el monto de los servicios; el periodo; y, por sobre todas las cosas, si existen antecedentes de su actividad en el rubro a clientes privados.
DOCUMENTOS ADJUNTOS