SOCIOS Y PAREJA CON PODER

Laura y Javier son socios y pareja con poder. La política tiene esos laberintos que llevan a varios caminos sin salida. Pero algunos logran rutas alternativas y actividades paralelas

Socios y pareja con poder sería la definición que cabe como anillo al dedo. Sí, justamente el dedo, puesto que ambos fueron -ella y él- designados por obra y gracia del dedo índice de Gustavo Valdés.

NADA PERSONAL

La función pública impone limitaciones y condicionamientos. Algunos normativos y otros éticos. Sin embargo, cuando el poder elude ciertos preceptos, la sospecha de que hay actitudes a observar moviliza la investigación.

Lo cierto es que, tanto Laura Sprovieri y Javier Bee Sellares, además de ser “cuadros importantes” en el proyecto político del gobernador de Corrientes, ocupan cargos trascendentales.


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Ella preside el Banco de Corrientes. Una sociedad anónima cuyo mayor accionista es el Estado correntino y consecuentemente la entidad bancaria que oficia de operador financiero. Un rol que implica beneficios y privilegios. Además de poder.

Él es Sub-interventor de Lotería Correntina. Un ente intervenido desde el siglo pasado. Por coincidencia, sus máximas autoridades (Interventor y Sub-interventor) tienen en común: Intervención – Radicales – Córdoba. Huelga decir que el poder es casi absoluto en el ámbito del ente autárquico. No hace falta explicar. ¿O sí?


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SOCIOS Y PAREJA

Laura Isabel Sprovieri y Javier Bee Sellares son socios. Desde 2004 integran una sociedad cuya actividad en sus inicios fue el rubro “textil“.

El componente societario tuvo algunas variaciones, como queda demostrado en el documento adjunto. Sin embargo, la transferencia de cuotas sociales “cruzadas“, en diferentes momentos de la vida económica de la empresa no deja de ser llamativa.

La empresa sigue “activa” fiscalmente. Así queda demostrado en el comprobante de actividades económicas. De las catorce “actividades” declaradas por la empresa, once fueron actualizadas durante el año 2021.

LISHCA SRL – ACTIVIDADES ECONÓMICAS REGISTRADAS

La información evidencia que la “intermediación” es su actividad esencial. Solo tres (3) de las catorce (14) actividades declaradas implican la “producción” de productos textiles.

UNA SOCIA SALE Y OTRA INGRESA

María Alicia Bee Sellares recibió de Laura Isabel Sprovieri la cesión de cinco (5) cuotas sociales en mayo de 2006. En noviembre de 2011, María Alicia cede su participación en la sociedad a Carmen Isabel Cabo, una docente con domicilio en la ciudad de Corrientes.

Es decir, la nueva socia -hoy, se supone jubilada- no tendría historial de actividades empresarias. Y, curiosamente, tiene “bloqueado” su CUIT.

Datos que habilitan interrogantes

POR LAS DUDAS…

Es evidente que integrar una sociedad comercial o ejercer actividades comerciales no son delito. Bueno, es decir, depende de las circunstancias o los escenarios en que se ejecuten.

En otras palabras, Javier Bee Sellares y Laura Isabel Sprovieri, tienen derecho a ser socios. Sin embargo, por los cargos que ocupan, sus actividades “paralelas” están sujetas a observación. Por una cuestión de ética, en principio.

Lo más importante, es saber si LISHCA S.R.L integra la nómina de “proveedores” del Estado. Sobre todo cuando la “transparencia” no es algo que destaque a las instituciones publicas ni a la gestión de gobierno en Corrientes.

Con Lotería Correntina intervenida y el Banco de Corrientes como Sociedad Anónima, es difícil -pero no imposible- saber si alguna o ambas, no se proveen de “productos textiles” a través de la empresa que tiene a ambos funcionarios como socios.

Al margen pero, acentuando las dudas, LISHCA S.R.L. mantiene una deuda con la Dirección General de Rentas de la provincia de Corrientes. El origen y el monto de la deuda no es lo trascendental. Lo que importa es su situación actual ante el organismo tributario provincial.

DATA al 17 de junio de 2022 DGR Corrientes

Será cuestión de continuar con la investigación. Ese es el compromiso que asumió hace tiempo el equipo de políticaencorrientes. Para despejar dudas y consolidar el derecho irrenunciable de que, el ciudadano, tiene derecho a saber quién es quién.

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